Diputados aprobó la ley "Hojarasca" con cambios tras presión legislativa

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la media sanción del proyecto de ley "Hojarasca", iniciativa oficial orientada a derogar normas que el Gobierno considera obsoletas o restrictivas. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones tanto en la votación general como particular.

La propuesta contó con el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal y sectores de Provincias Unidas. En tanto, Unión por la Patria y los bloques de izquierda rechazaron el proyecto, mientras que Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Nicolás Massot de Encuentro Federal se mantuvieron al margen.

El proyecto condensa en solo diez artículos la derogación de alrededor de 50 leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado para su tratamiento en esta legislatura.

"Le estamos sacando a los argentinos regulaciones, impuestos y tasas que lo único que hacen es poner obstáculos para que los argentinos puedan progresar", argumentó Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, al defender la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Los funcionarios de la cartera de Sturzenegger, como Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, sostuvieron que muchas de esas normas resultan obsoletas por haber sido superadas por cambios regulatorios posteriores, avances tecnológicos o simplemente el paso del tiempo. Entre las más insólitas figuran requisitos como un carnet de mochilero para hacer dedo o disposiciones que inhabilitan a funcionarios públicos que azoten a personas.

Sin embargo, varias derogaciones generaron resistencia legislativa considerable. Ante la presión de diferentes bancadas, el oficialismo debió ceder y retiró la derogación de la ley 20.959, que otorga una credencial de libre circulación a diputados y senadores nacionales. Este cambio de último momento evitó una potencial fractura en los apoyos internos.

La oposición más dura al Gobierno de Javier Milei concentró sus críticas en tres normas específicas. El diputado kirchnerista Jorge Taiana cuestionó la derogación de la ley 20.496 de promoción de fertilizantes, considerada fundamental para la producción agropecuaria; la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos; y la ley 22.426 de Transferencia de Tecnología.

Germán Martínez, también de Unión por la Patria, advirtió que las derogaciones apuntan a desmantelar sectores estratégicos del Estado. "Van desarmando barreras de protección de industrias y actividades estratégicas de la Argentina", expresó, e instó a vigilar un eventual avance privatizador sobre empresas como ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. "Quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología", remarcó.

Entre las leyes con mayor cuestionamiento figura la ley 19.363, de 1971, que permite al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sortear premios entre compradores de entradas de cine mediante un impuesto que encarece los boletos. También la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que establece que la propiedad de medios de comunicación debe recaer en empresas nacionales, limitando la participación extranjera al 30% del capital accionario.

Asimismo, la ley 26.688 declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Gobierno sostiene que su reglamentación no impone acciones concretas. El proyecto será girado al Senado para su sanción definitiva.