Divorcio: quién puede quedarse en la casa y qué cambia si es propia o alquilada

Cuando una pareja se divorcia, surgen dudas prácticas sobre la vivienda familiar. La ley argentina no siempre otorga la casa al propietario o a quien paga el alquiler. El Código Civil y Comercial de la Nación permite que un juez asigne el uso del inmueble a uno de los cónyuges, priorizando la protección del grupo familiar.

El objetivo es evitar que una persona quede en situación de vulnerabilidad habitacional. La decisión judicial analiza cada caso en particular, considerando varios criterios.

Uno de los factores más importantes es el cuidado de los hijos menores de edad. La Justicia busca preservar su estabilidad y evitar cambios bruscos en su entorno. Por eso, suele valorarse la continuidad de los niños en la vivienda que constituye su centro de vida.

También se evalúa la situación económica de cada integrante de la pareja. Si una parte tiene mayores ingresos o posibilidades de acceder a otra vivienda, el juez puede otorgar protección especial a la otra persona. La edad y el estado de salud también influyen: enfermedades, discapacidades o edad avanzada pueden generar dificultades adicionales para conseguir un hogar alternativo.

Además, se consideran los intereses del grupo familiar, incluyendo a otras personas que dependan de la vivienda, como familiares con necesidades especiales.

Si el juez no otorga el uso de la vivienda, la ley contempla alternativas para equilibrar la situación. Puede establecer una compensación económica a favor de quien no pueda usar la propiedad, o imponer restricciones para venderla sin el consentimiento de ambas partes. También es posible la suspensión de la división de bienes para evitar que una decisión patrimonial afecte la estabilidad habitacional.

El derecho a vivir en la vivienda familiar es temporal. La duración depende de cada caso y de la resolución judicial. Puede finalizar por vencimiento del plazo, modificación de las condiciones, mejora económica del beneficiario o desaparición de los motivos que originaron la protección.

Cuando la vivienda es alquilada, la protección legal sigue vigente. Si el juez otorga el uso a uno de los cónyuges, esa persona puede continuar ocupando el inmueble incluso si el contrato o los pagos están a cargo de su ex pareja. El derecho se mantiene hasta el vencimiento del contrato de locación.

En definitiva, tras un divorcio, la decisión sobre la vivienda familiar va más allá de la propiedad. La Justicia busca garantizar la estabilidad de los miembros más vulnerables del grupo familiar.

Fuente: Clarín.