Dos presos planificaban un atentado contra la fiscal de San Isidro que los encarceló
La investigación reveló que los detenidos tenían datos sensibles de Paula Hertrig y su familia, y que evaluaban matarla o desacreditarla.

Dos presos alojados en cárceles bonaerenses planificaban un atentado contra la fiscal de San Isidro Paula Hertrig, la funcionaria que los había enviado tras las rejas. La trama quedó al descubierto cuando la propia fiscal recibió el análisis forense de celulares secuestrados en allanamientos previos y advirtió que entre las fotos intercambiadas por los sospechosos aparecía el frente de su vivienda. Ayer, la DDI de San Isidro realizó nuevas requisas en las celdas de los implicados en busca de más evidencia.
Los detenidos son Martín Darío Rettori, de 42 años, alojado en la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini, preso en el penal de Campana. Según la investigación, Rettori era el más activo en la obtención de datos sobre la fiscal y su entorno. En los mensajes interceptados, le habría propuesto a Libertini dos alternativas: "Le mando una corona de muerto o la hago cagar a balazos".
La causa se originó en noviembre de 2024 a partir de una serie de robos y entraderas en la zona norte del conurbano. Los delincuentes clonaban llaves de vehículos dejados en una cochera de Tigre y luego ingresaban a las casas de los clientes. Ocho meses después, varios allanamientos y arrestos derivaron en el análisis de los teléfonos incautados, que reveló el plan contra Hertrig.
Los presos no solo conocían la ubicación de la casa de la fiscal, sino que habían obtenido el número de su celular privado y los contactos de su círculo íntimo. También tenían una foto de Hertrig que ella identificó como la de su licencia de conducir y datos de su esposo, un comisario mayor de la policía bonaerense, con imágenes de él uniformado. En los teléfonos se encontraron incluso registros de consultas a ChatGPT sobre la fiscal.
El fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó los operativos de ayer y detalló que los datos obtenidos "indicarían intenciones de dar muerte a la Sra. Fiscal y a miembros de su familia, como así también, traspaso de información sensible a su respecto y a su entorno". En las nuevas requisas se incautaron tres celulares que serán peritados.
Entre los diálogos recuperados, surgió otra táctica de Rettori: agregar el número de Hertrig a los contactos de WhatsApp de todos los miembros de la banda para que, en caso de secuestrarse esos teléfonos, llamara la atención la presencia de la fiscal. Según los documentos judiciales, Rettori planeaba declarar ante un juez de Garantías que toda la banda era controlada por Hertrig y su esposo, y que los arrestos habían sido una fachada para ocultar un doble juego. Si esa estrategia no prosperaba, mantenía la opción de los disparos.
La investigación judicial busca ahora determinar cómo la banda obtuvo información reservada sobre la fiscal. Los peritos informáticos analizarán el contenido de los nuevos celulares para identificar más mensajes vinculados al plan.
El distrito judicial de San Isidro ya había registrado un caso similar ocho años antes. En 2018, Ignacio Pardo Paso, un ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs conocido como Naco Goldfinger, planificaba una venganza contra Ferrari, el mismo fiscal que ahora investiga el plan contra Hertrig. Descubierto el complot, fue transferido a una cárcel de máxima seguridad, pero quedó en libertad durante la pandemia por la política de evitar contagios. En 2021, seis meses después de salir, fue encontrado como náufrago en el Río de la Plata con 37 kilos de cocaína flotando en la zona.
Por qué importa
El caso expone la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales frente a organizaciones criminales que, incluso tras las rejas, acceden a información reservada y planifican represalias. Además, reaviva el debate sobre el control de celulares en las cárceles bonaerenses.
Qué sigue
Los peritos analizarán los tres celulares incautados para identificar nuevos mensajes y determinar cómo la banda obtuvo los datos de la fiscal. La causa sigue en manos del fiscal general Patricio Ferrari, que podría pedir más medidas.
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