California, Arizona y Colorado rechazaron cambios electorales y migratorios en las urnas

Los electores de California, Arizona y Colorado rechazaron el 3 de noviembre de 2026 una serie de propuestas sobre identificación para votar y cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las iniciativas no entrarán en vigor, aunque su derrota no implica la cancelación de los acuerdos 287(g) que ya funcionan en el país.

En Arizona, la Proposición 144 buscaba imponer requisitos de identificación para el sufragio presencial y por correo, además de otros cambios electorales. Con el 99% de los votos estimados contabilizados, el “no” reunía el 53,3% frente al 46,7% favorable.

En California, la Proposición 39 pretendía exigir identificación oficial para votar en persona y los últimos cuatro dígitos de un número de identificación para devolver una boleta por correo. El rechazo alcanzaba el 60,5%, con un 89% del recuento estimado. La votación se dio en un estado donde los operativos migratorios ya generaron fuerte resistencia institucional, como refleja el cuestionamiento de Bonta a los arrestos sin orden judicial.

En Colorado, la Enmienda 81 proponía incorporar a la Constitución estatal la obligación de que las fuerzas de seguridad notificaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando formularan determinados cargos contra personas que pudieran estar irregularmente en Estados Unidos. Abarcaba delitos violentos y, para quienes tuvieran condenas previas por delitos graves, cualquier delito. El rechazo sumó el 55,3% contra el 44,7% favorable, con un 98% del escrutinio estimado, una diferencia de 10,6 puntos.

Colorado no tenía acuerdos 287(g) vigentes, de modo que la votación impidió crear una nueva obligación constitucional de colaboración. La organización Voces Unidas celebró el resultado y sostuvo que los electores latinos priorizaron, entre otros asuntos, la protección de las familias inmigrantes.

Los convenios 287(g) permiten delegar determinadas funciones migratorias en agentes estatales o locales. Su terminación depende de los procedimientos de cada acuerdo: el modelo oficial de fuerzas de tarea del ICE establece que una agencia local debe comunicar por escrito su decisión a la oficina federal competente. Un documento oficial del convenio de Dade County, Georgia, contempla además un aviso escrito de 90 días para terminar o suspender la cooperación.

Ese punto explica por qué una derrota electoral o un cambio de autoridades no acredita por sí mismo la finalización inmediata de un pacto. Para las comunidades inmigrantes, el efecto comprobado de estas votaciones es que las propuestas rechazadas no entrarán en vigor. El avance de los acuerdos de colaboración con el ICE sigue siendo un frente activo en otros distritos, como muestra el rechazo de más de 30 ciudades del sur de Florida a esos convenios.