EE.UU. condiciona fondos federales a verificar ciudadanía de votantes

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevos requisitos para los estados que soliciten recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP). Entre las disposiciones más relevantes está la obligación de utilizar el sistema SAVE para corroborar la condición de ciudadano estadounidense de todas las personas inscritas en los registros electorales.

La medida fue presentada por la administración Trump como parte de una estrategia para reforzar la protección de la infraestructura electoral frente a amenazas externas, vulnerabilidades internas y ciberataques, según explicó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado oficial.

De acuerdo con el aviso, los gobiernos estatales, territoriales, tribales y locales deberán cumplir una serie de condiciones para recibir la totalidad del financiamiento disponible. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) retendrá el 20% del monto otorgado hasta que cada beneficiario presente pruebas de cumplimiento y estas sean validadas por el gobierno federal.

SAVE, sigla de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios, es una herramienta administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) utilizada para determinar la elegibilidad de personas para acceder a programas públicos. Según los nuevos lineamientos, las administraciones receptoras de fondos deberán utilizar esa plataforma para revisar sus registros electorales dentro de los 120 días posteriores a la aceptación de la subvención. El objetivo, según el DHS, es garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses habilitados figuren en los padrones.

El comunicado oficial también hace referencia al expediente League of Women Voters v. U.S. Department of Homeland Security. Según explicó el organismo, un juez federal anuló el 22 de junio las modificaciones realizadas al sistema SAVE y ordenó desmantelar su versión ampliada, al concluir que la consolidación de datos violó la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. El gobierno apeló la decisión. Ante ese escenario, el DHS indicó que las jurisdicciones podrán remitir información adicional a Uscis para efectuar búsquedas complementarias dentro de los registros migratorios federales cuando existan dudas sobre la documentación disponible.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la decisión: “La seguridad electoral es seguridad nacional, y proteger la infraestructura crítica del país es una prioridad absoluta”. El funcionario afirmó que los nuevos requisitos ayudarán a preservar la integridad de los comicios y permitirán que los ciudadanos tengan mayor confianza en los resultados. La medida no cambia por sí sola las leyes electorales estatales, pero condiciona el acceso al 20% de determinadas subvenciones federales de seguridad al cumplimiento de los controles establecidos por FEMA.