El cuidado de los mayores: un desafío que exige cambios impositivos

La población argentina envejece a un ritmo acelerado, y con ella crece la demanda de cuidados para personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismas. Más de un tercio de los mayores de 70 años necesita algún tipo de asistencia, proporción que supera la mitad entre los mayores de 80. Sin embargo, el país aún no debate quién se hará cargo de esa tarea, mientras el modelo tradicional de cuidado intrafamiliar, sostenido principalmente por mujeres, se debilita.

Los datos demográficos son contundentes: los nacimientos en Argentina cayeron 33% entre 2012 y 2021. En los países de la OCDE, la fecundidad bajó de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2022, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Vivimos más años, nacen menos personas y habrá menos hijos disponibles para cuidar a sus padres. El mundo desarrollado ya responde a este fenómeno con una industria de cuidados de largo plazo, pero en Argentina el sector de las residencias para mayores sigue fragmentado, con poca escala y altos niveles de informalidad.

Diego Petracchi, cofundador y CEO de We Care, una residencia para personas mayores, sostiene que existe una enorme oportunidad para profesionalizar y escalar esta industria. En Estados Unidos, los operadores administran decenas o cientos de establecimientos; España avanza en la misma dirección. La escala permite invertir, profesionalizar equipos, incorporar tecnología y elevar los estándares de atención. Una residencia genera cerca de 1,3 empleos directos por residente, según Petracchi.

Sin embargo, hay un obstáculo que podría corregirse hoy: el tratamiento impositivo. Las residencias geriátricas pagan IVA al 21%, mientras que los servicios de salud tributan al 10,5% o están exentos, según quién financie la prestación. El contraste es difícil de justificar: una prepaga que paga una internación en un sanatorio enfrenta una carga de IVA menor que si financia la estadía de ese mismo afiliado en una residencia geriátrica con médicos, enfermería y rehabilitación.

La contradicción es aún mayor porque, para ser habilitados y funcionar, los geriátricos son regulados como establecimientos de salud. En la Ciudad de Buenos Aires necesitan autorización del Ministerio de Salud, deben cumplir exigencias sobre médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos y, para atender afiliados de obras sociales, inscribirse como prestadores ante la Superintendencia de Servicios de Salud. “En síntesis: para regularnos somos salud; para el tratamiento impositivo, no”, remarcó Petracchi.

La consecuencia la paga principalmente la familia. El IVA encarece el precio, reduce la demanda e incentiva la informalidad. Si aceptamos que la población envejece, que la necesidad de cuidados aumentará y que la oferta actual es insuficiente, tanto en cantidad como en calidad, entonces el Estado no debería desalentar el desarrollo de una oferta profesional y de mayor nivel con un tratamiento impositivo que la encarece.

La propuesta es simple: reconocer a los servicios geriátricos un tratamiento equivalente al de los servicios de salud y aplicar una alícuota del 10,5%. No se trata de pedir un privilegio, sino de corregir una inequidad. “Un país que envejece necesita más camas de cuidado de calidad, no un impuesto que las haga más caras”, concluyó.