El debate sobre la Ley de Libertad Educativa: ¿los padres pobres no están calificados para elegir?
Un artículo de opinión cuestiona el prejuicio de que las familias de bajos recursos no pueden decidir sobre la educación de sus hijos, y cita casos de todo el mundo que demuestran lo contrario.


Uno de los argumentos en contra del proyecto de Ley de Libertad Educativa sostiene que no todos los padres están capacitados para elegir la mejor educación para sus hijos. La sospecha, sin embargo, no suele recaer sobre las familias con recursos: nadie les exige demostrar su capacidad antes de optar por una escuela privada. El cuestionamiento aparece cuando se propone reconocer ese derecho a quienes viven en la pobreza.
Ese razonamiento es discriminatorio, según el autor del artículo original, Edgardo Zablotsky, miembro de la Academia Nacional de Educación. Asocia pobreza, escasa educación o una vida difícil con falta de responsabilidad hacia los hijos. Pero los hechos lo desmienten.
En mayo de 2024, LA NACION publicó la historia de Milagros González, licenciada en Nutrición y primera universitaria de una familia de Merlo. Sus padres comenzaron a trabajar a los 13 y 10 años, y solo completaron la primaria. Sin embargo, postergaron otros gastos y enviaron a sus hijos a una escuela privada porque consideraban que la educación era prioritaria. Querían para ellos oportunidades que ellos no tuvieron.
En junio de 2004, The New York Times Magazine relató la primera lotería de ingreso a Promise Academy, una escuela en Nueva York donde más del 60% de los niños vivía bajo la línea de pobreza. Para 180 vacantes se presentaron 359 solicitudes. Una mujer cuya sobrina vivía en refugios para familias sin hogar explicó, entre lágrimas, que esa escuela les ofrecía una educación que no podían pagar. Quienes quedaron en lista de espera preguntaban qué podían hacer para conseguir una vacante.
En noviembre de 2014, The Guardian relató la experiencia de Prerana, una organización que protege a hijos de trabajadoras sexuales en Kamathipura, el barrio rojo de Mumbai. Hijos de apenas cinco años corrían detrás de taxis para atraer clientes a los burdeles donde trabajaban sus madres. Cuando Prerana conversó con las madres, expresaron que querían para sus hijos una vida digna y alejada de ese mundo. La organización comenzó a ayudarlos a ingresar a la escuela municipal y a evitar la deserción.
En junio de 2024, El País documentó una experiencia en Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobres de Bogotá, donde casi 500 niños intentaron ingresar a Still I Rise, una escuela gratuita para familias empobrecidas, migrantes y desplazadas. Yamileth Julio Berrío, madre soltera desplazada por la violencia paramilitar, dijo sobre su hija Melani: "Me da mucho orgullo saber que mi hija no se va a morir sin saber leer ni escribir como mis padres".
En febrero de 2025, Associated Press describió una escuela en Nouadhibou, Mauritania, para hijos de migrantes y refugiados de África occidental. Muchas familias no podían acceder al sistema oficial por falta de documentación. Aunque no planeaban quedarse en Mauritania, los padres describían la escuela como una tabla de salvación para el futuro de sus hijos.
En febrero de 2026, The Guardian documentó la situación de los niños nacidos en Daulatdia, Bangladesh, uno de los mayores barrios legales de prostitución. Durante décadas estuvieron fuera de los registros oficiales porque sus madres eran trabajadoras sexuales y sus padres desconocidos. Algunas madres enviaban a los niños a escuelas religiosas no reguladas; otras pedían a hombres conocidos que se hicieran pasar por padres para conseguir su inscripción.
Reconocer la responsabilidad parental no significa declarar infalibles a los padres. Significa no presumir su incapacidad por el solo hecho de ser pobres, tener poca educación o vivir en contextos deteriorados. Existen padres negligentes en todo estrato social, y para esos casos deben existir mecanismos de protección. El Estado tiene un rol indelegable.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa no requiere suponer que todos los padres tomarán siempre la mejor decisión. Requiere una presunción más modesta: que las familias, también las más pobres, sean reconocidas como sujetos responsables y no como simples destinatarias de lo que otros decidan por ellas. Desconocerlo es discriminación.
Fuente: Lanacion.
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