El Gobierno busca modificar la ley de Etiquetado Frontal

El gobierno de Javier Milei avanza en cambios a la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Etiquetado Frontal. Tras la aprobación de la Ley "Hojarasca" en Diputados, el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger ultima los detalles de un proyecto que elevará al Congreso, aunque por ahora evita anticipar qué modificaciones impulsará.

La normativa vigente, sancionada en 2021, obliga a que alimentos y bebidas sin alcohol con exceso de sodio, azúcares, grasas y calorías exhiban un octógono negro en el envase. Estos sellos se calculan según valores de referencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La ley también requiere etiquetas rectangulares para productos con cafeína o edulcorante, prohíbe publicidad infantil en artículos con sellos y limita su comercialización en establecimientos educativos.

En 2024, la administración ya había introducido cambios mediante disposiciones de la Anmat. Se decidió que el cálculo de nutrientes excesivos se realizaría solo sobre componentes añadidos durante la elaboración, excluyendo los intrínsecos de los alimentos, aunque respetando los parámetros de la OPS.

De forma paralela, legisladores oficialistas presentaron un proyecto de derogación total. La iniciativa lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), quienes cuestionan la forma en que se calcula el exceso de nutrientes, medido en proporción de calorías totales y no en valores absolutos.

Los firmantes argumentan que el método vigente genera "distorsión de la información" para el consumidor. Según datos de 2023, el 85% de los productos contaba con al menos un sello, lo que resta significancia a la advertencia. "Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada", afirmó Bongiovanni en redes sociales.

Otro punto crítico es que Argentina no se alinea con sistemas de países del Mercosur. Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay usan parámetros distintos: valoran nutrientes en valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros, no en proporción de calorías. Los diputados sostienen que esta falta de uniformidad dificulta el comercio, incrementa costos a productores y obstaculiza exportaciones.

Bongiovanni explicó que la propuesta busca "derogar la norma y que organismos técnicos establezcan criterios razonables y homologables con países del Mercosur respecto de información nutricional", similar a lo que hace la mayor parte del mundo.