El Gobierno eliminó la participación ciudadana en la designación de jueces

El gobierno nacional derogó los decretos que permitían la participación ciudadana previa a la designación de jueces, fiscales, defensores y ministros de la Corte Suprema de Justicia. La medida, oficializada mediante el decreto 467/2026, elimina el plazo de 15 días durante el cual ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil podían formular observaciones o impugnaciones sobre los candidatos. También se dejó sin efecto la posibilidad de que el Ministerio de Justicia solicitara opiniones especializadas.

El decreto, firmado por Javier Milei, sostiene que la participación ciudadana subsiste cuando los pliegos llegan al Senado de la Nación. Sin embargo, críticos señalan que en esa instancia el postulante ya cuenta con el respaldo político del Poder Ejecutivo, lo que reduce la posibilidad de un escrutinio real. La instancia previa permitía aportar información relevante, advertir incompatibilidades o señalar antecedentes controvertidos antes de que la decisión quedara consolidada.

Paralelamente, se derogaron artículos que establecían criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para ocupar esos cargos. La medida fue calificada como un retroceso institucional que debilita un derecho esencial y empobrece la calidad republicana.

“La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y, en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en declaraciones que resultan oportunas en este contexto.

La Argentina cuenta con diversos mecanismos de participación, como la iniciativa popular, la consulta popular, las audiencias públicas, el acceso a la información pública y la elaboración participativa de normas. Sin embargo, con frecuencia los gobiernos reducen esos mecanismos invocando la eficiencia administrativa o la simplificación de procedimientos. “La transparencia y la lucha contra la corrupción son el resultado de ciudadanos y organizaciones que investigan, denuncian y exigen respuestas”, remarcó Secchi.

La decisión del Gobierno genera críticas por cerrar la puerta a la ciudadanía en un momento en que se necesitan más instituciones abiertas, más deliberación pública y mayores controles sobre quienes ejercen el poder. Reducir esos espacios no constituye un avance institucional, sino una pérdida de calidad de las instituciones, de derechos y de libertades.

Fuente: Lanacion.