El Gobierno eliminó trámites para que empresas extranjeras inviertan en Argentina

El Gobierno avanzó con una nueva desregulación para facilitar el desembarco de empresas extranjeras en la Argentina. A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, la Inspección General de Justicia (IGJ) eliminó una serie de requisitos burocráticos que hasta ahora debían cumplir las sociedades constituidas en el exterior para inscribirse y operar en el país.

La resolución 4/2026, rubricada por Alejandro Ramírez, director de la IGJ, derogó el 67% del articulado del régimen anterior — 29 de 41 artículos —. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la norma elimina exigencias que carecían de fundamento legal. "Pedíamos certificados, reformas estatutarias, declaraciones negativas, traducciones certificadas de toda la historia societaria. Lo más loco es que nada de esto lo requería la ley", repasó.

A partir de ahora, las empresas extranjeras deberán presentar solo cuatro documentos clave: un certificado de vigencia emitido por la autoridad de su país de origen, el estatuto social vigente, la designación de un representante legal en la Argentina y las declaraciones juradas vinculadas con beneficiarios finales y personas políticamente expuestas.

Uno de los cambios más relevantes es que ya no será necesario presentar toda la historia societaria de una compañía para acreditar su existencia. La nueva normativa permite reemplazar la sucesión de reformas estatutarias por el texto ordenado vigente, sin requerir las copias y traducciones de todos los documentos anteriores, aunque deberá estar certificado notarialmente o por la autoridad registral de la jurisdicción de origen.

El Gobierno también habilitó la presentación de documentación digital apostillada, evitando el envío de originales en papel desde el exterior. Además, se permite tramitar en forma simultánea la inscripción de una sociedad extranjera y la constitución de una sociedad local en la que participe.

Desde la Casa Rosada sostienen que el esquema anterior generaba costos elevados para las compañías. De acuerdo con cálculos que compartió Sturzenegger, algunas empresas debían gastar más de US$100.000 en traducciones, fotocopias certificadas y apostillas para completar el proceso registral.

En uno de los considerandos de la resolución se aclaró que simplificar no es desregular sin criterio. La administración afirmó que "cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado no cumple ninguna función útil de tutela que no esté ya satisfecha por otros medios, o impone costos desproporcionados respecto del beneficio que genera".

Sturzenegger cerró el anuncio con una reflexión sobre el cambio de paradigma. "En gran medida es por medidas como esta que queda atrás el chamuyo de la cigarra con el que nos engañaron tanto tiempo", afirmó, en alusión a la fábula. Agregó que ahora Argentina tendrá la misma carga burocrática que países como España y Alemania.