El Gobierno extiende el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para frenar el delito desde prisión

El Gobierno nacional dispuso extender a las cárceles provinciales el bloqueo de teléfonos celulares que se activen dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida, adoptada mediante una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), busca impedir que los presos sigan delinquiendo desde sus celdas. La decisión ya regía para los penales federales y ahora las provincias que adhieran podrán solicitar el bloqueo a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El mecanismo contempla la inhabilitación del IMEI, del IMSI (identidades del equipo y del abonado) y de la línea asociada a los teléfonos que sean activados dentro de las áreas penitenciarias. La intervención deberá ser solicitada formalmente y quedará registrada. Además, se prevén recaudos técnicos para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera de los penales.

La decisión llega después de años de denuncias por el uso ilegal de celulares en prisiones, que permitió a organizaciones criminales coordinar robos, extorsiones y otros delitos desde el encierro. El caso de la Banda del Millón en el conurbano bonaerense fue uno de los más resonantes: la Justicia determinó que sus integrantes planificaban asaltos desde las cárceles. En Rosario, la investigación sobre Los Monos reveló que Máximo Ariel “Guille” Cantero y otros miembros de la banda mantenían el negocio de la droga con instrucciones impartidas desde prisión.

La pandemia de coronavirus agravó la situación. Lo que comenzó como una excepción para permitir el contacto familiar durante el aislamiento se convirtió en una práctica generalizada. En la provincia de Buenos Aires se llegaron a registrar decenas de miles de teléfonos en manos de detenidos. Las autoridades penitenciarias reconocieron que las redes sociales no estaban autorizadas, pero pasaron años sin adoptar medidas efectivas.

El caso del soldado Rodrigo Andrés Gómez, que se suicidó en diciembre pasado en la quinta de Olivos tras ser extorsionado digitalmente, puso de relieve la gravedad del problema. La Justicia Federal determinó que los responsables operaban desde la Unidad 36 de Magdalena mediante celulares, utilizando perfiles falsos y enviando mensajes para presionarlo. También se detectaron presos que se convirtieron en influencers con miles de seguidores, otra muestra de la falta de control.

En Mendoza, en julio de este año, internos del Complejo Penitenciario San Felipe participaron de un streaming con teléfonos, pese a que su tenencia está prohibida desde 2023. La investigación permitió identificar a los responsables y trasladarlos a un módulo de alto perfil. Estos hechos demuestran que el problema no es tecnológico sino de autoridad.

La medida nacional merece respaldo, pero su eficacia dependerá de la adhesión de las provincias, del funcionamiento de los bloqueos y de que las requisas sean reales. Quienes faciliten el ingreso de teléfonos deben saber que no habrá tolerancia. Un delincuente condenado no puede seguir teniendo, desde su celda, una línea abierta con el delito. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes están afuera, víctimas de la desidia estatal.