El Gobierno suspendió el decreto de desregulación de prácticos y logró un acuerdo: reducen tarifas 20%

Un día después del inicio del paro de prácticos en los puertos de todo el país, que detuvo la actividad de granos y combustibles, el Gobierno nacional dispuso este martes suspender el decreto de desregulación del sector y anunció la conformación de una mesa de trabajo. Así se puso fin a un conflicto que afectó a más de un centenar de barcos y puso en riesgo la logística de distribución de combustible.

El acuerdo alcanzado con los representantes del practicaje contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación. Para llegar a este entendimiento, el Ejecutivo dio marcha atrás con el decreto 690/2026, que había sido impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, había explicado esta mañana que la norma buscaba generar la entrada de “nuevos actores” a la actividad. Si bien estimaba que “seguramente” se aplicarían sanciones a quienes se plegaron a la medida de fuerza, horas después el Gobierno precisó que para llegar a una solución dispuso la creación de una mesa de trabajo dedicada a “alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”.

John Ryan, presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, destacó el rol clave de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para llegar al entendimiento: “Decidió armar esta reunión y la situación está resuelta”, afirmó. Además, sumó que “tuvimos un Zoom con más de 400 prácticos” y que “ya están todos anunciados y están retomando sus actividades”. “En las próximas horas los buques se van a empezar a mover”, acotó.

Los “prácticos” son capitanes de barcos de menor porte que se ocupan de ingresar y sacar a los buques de los puertos. Son pocos especialistas: en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires y la bonaerense de Dock Sud hay apenas 24 prácticos. Desde la cartera de Desregulación advirtieron que representan un 8% del costo total y que pueden ser reemplazados. De manera oficial, al anunciarse la desregulación, el ministro declaró que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron este martes que el impacto económico comenzaba a ser significativo: había más de 45 buques detenidos y se estimaba que crecía de a 30 barcos por día. El costo de esa inmovilización también resultaba considerable: cada barco detenido generaba sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios, principalmente por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos.

Las cámaras recordaron además que el Gran Rosario, junto al corredor San Lorenzo-Timbúes, constituye el principal polo exportador agroindustrial de Argentina, desde donde sale la mayor parte de las exportaciones nacionales de soja, maíz, trigo y sus derivados. Por ello, cualquier interrupción en ese nodo logístico tiene repercusiones inmediatas sobre el comercio exterior.

La discusión por el costo del servicio de practicaje surgió tras el decreto de Sturzenegger para desregular ese sector, al sostener que en Argentina llega a ser cuatro veces más caro que en otros países. Este servicio es obligatorio para embarcaciones de pasajeros y de transporte. El Ministerio de Desregulación dio a conocer los costos en un comunicado: un buque carguero de tipo Panamax que ingresa a puertos internacionales paga entre 1.500 y 4.700 dólares por el servicio, mientras en Argentina el precio va de 9.364 a 16.903 dólares, dependiendo del puerto de destino. Los mayores costos corresponden a la ciudad de Buenos Aires, donde el ingreso al río de la Plata supera los 16.900 dólares; en los puertos patagónicos llega a los 11.237 dólares.

En medio de la polémica por la medida de fuerza y la aparición en los medios del capitán Oscar Mendoza, presidente de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, la entidad aclaró esta tarde que “no ha dispuesto, convocado, promovido, instruido ni emitido directiva alguna tendiente a la interrupción, suspensión, abstención o negativa de prestación de servicios profesionales, ni ha impartido instrucciones destinadas a afectar la continuidad de las actividades comprendidas en su ámbito de actuación institucional”.

A través de un comunicado, la asociación de capitanes explicó que solo buscó “informar a sus representados, analizar el alcance del nuevo marco normativo y poner en su conocimiento las distintas circunstancias derivadas de su aplicación, sin impartir instrucciones relativas al ejercicio individual de la actividad profesional ni promover conductas orientadas a afectar la continuidad de los servicios”. Además, dio precisiones sobre el alcance de su representación: solo representa a los trabajadores comprendidos en su ámbito estatutario y “no ejerce representación sindical respecto de los prácticos que desarrollan su actividad en carácter de profesionales autónomos”. El gremio de capitanes se despegó del conflicto al indicar que “cualquier decisión vinculada con la aceptación, rechazo, programación o ejecución de prestaciones profesionales” por parte de los prácticos es “una determinación individual ajena a la asociación”.

Fuente: Clarín.