El Gobierno y el debilitamiento del debate público: un análisis de las medidas

La democracia se basa en el autogobierno ciudadano, que se ejerce a través de representantes pero también mediante la participación directa en el debate público. Para que esa participación sea efectiva, los ciudadanos necesitan acceso a información variada y de calidad. Sin embargo, diversas decisiones del Poder Ejecutivo, tomadas en los últimos años, han ido restringiendo ese acceso y debilitando los espacios de deliberación.

Entre las medidas más relevantes se encuentra el Decreto 780/2024, que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) de 2016. Aunque una ley no puede ser modificada por decreto, el Gobierno argumentó que buscaba evitar un uso “abusivo” de ese derecho. En la práctica, se ha vuelto más difícil obtener información del Estado.

Otra decisión clave fue el Decreto 467/2025, que derogó el decreto 222/2003, el cual permitía la participación ciudadana en la designación de los jueces de la Corte Suprema. Esa instancia incentivaba la postulación de candidatos idóneos y fomentaba la diversidad en el tribunal.

El cierre de TELAM en 2024, tras 79 años de existencia, y la reducción de los medios públicos también contribuyeron a empobrecer el debate. El Gobierno justificó la medida por la necesidad de ajuste fiscal y por una supuesta parcialidad en la programación. Sin embargo, en lugar de reformar su diseño institucional para garantizar imparcialidad, se optó por su virtual desaparición.

El proyecto para liberar los precios de los libros, aunque postergado, representaría otra amenaza. Estudios en Inglaterra y Australia muestran que esa política llevaría al cierre de librerías y editoriales, reduciendo la “bibliodiversidad” y, con ella, las voces disponibles para el debate público.

El desfinanciamiento de la ciencia y las universidades públicas tiene un efecto similar: menos conocimiento y menos deliberación informada. Finalmente, la anunciada “Reforma Política” podría elevar los topes a las donaciones privadas en campañas, dando más influencia a los sectores con mayor poder económico, y eliminaría los debates presidenciales obligatorios.

A estas medidas se suman las amenazas indirectas a la libertad de expresión, como el hostigamiento a periodistas y expertos críticos, que fomentan la autocensura. En conjunto, estas acciones degradan la calidad del debate público y, en consecuencia, la salud de la democracia.