El Senado avanza con la ley de propiedad privada que acelera desalojos

El oficialismo, con el respaldo de la oposición dialoguista, se encaminaba esta noche a aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en una extensa sesión que se extendería hasta la madrugada del viernes. La votación, que se espera pasada la medianoche, promete una definición ajustada en algunos capítulos, en particular el que modifica la Ley de Manejo del Fuego. La sesión transcurría sin inconvenientes en el recinto, pero afuera del Congreso se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El debate se centró en la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y en los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto llegó al recinto sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, que cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista. La sesión había comenzado poco después de las 14.15 y se espera que la votación final se concrete después de la medianoche.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, atacó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital). La respuesta del bloque libertario no se hizo esperar: “Durante años se protegió la ocupación ilegal y se castigó al que invertía; con este proyecto pretendemos devolver la garantía a la propiedad privada”, replicó María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llegó al debate sin el capítulo de extranjerización de tierras, tal como lo oficializó ante el pleno el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego). El capítulo cayó por la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas. Sin embargo, el proyecto mantiene otros temas que prometen un acalorado debate.

Uno de ellos es la instauración del juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones y ocupaciones, con un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres. El capítulo II del proyecto establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. El propietario podrá solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios bajo caución juratoria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”. “Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató en dirección al bloque kirchnerista.

A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo. Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago, y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado, estableciendo nuevos requisitos para declarar de utilidad pública un bien. La indemnización se limita al valor objetivo de mercado y a los daños directos, con un tope del 30% del valor del daño emergente para el lucro cesante. Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Las ocupaciones temporales y anormales se limitan a 90 días con una única prórroga por igual plazo.

Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo la usucapión por 10 años contemplada en la Ley Pierri a agricultores familiares. El proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios, pero manteniendo la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales.

Como parte de la pulseada política, el oficialismo evitó un intento de la bancada peronista para que el proyecto vuelva a discutirse en comisiones. La moción, planteada por el jefe de la bancada peronista, José Mayans (Formosa), fue rechazada por 31 votos a favor y 38 en contra.

Fuente: Lanacion.