El Senado sancionó el recorte de subsidios al gas: más de 3,3 millones de hogares pierden el beneficio

El Senado aprobó y sancionó el proyecto que reforma la ley de zonas frías, la iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei busca recortar subsidios al gas en amplios sectores del país para sostener su política de equilibrio fiscal. La votación fue de 38 votos a favor y 8 en contra, después de poco más de una hora de debate en la que expusieron seis senadores.

Según las estimaciones oficiales que la secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, presentó ante las comisiones del Senado, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares. La provincia de Buenos Aires es el distrito más afectado.

El trámite fue inesperado y veloz. El bloque justicialista que rechazaba la iniciativa se retiró en masa del recinto, lo que acortó el debate y permitió un resultado amplio. Antes, el oficialismo había sorteado una jugada para que la sesión fracasara por falta de quórum. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), pidió votar el proyecto en general y en particular para evitar futuros contratiempos.

La iniciativa ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo. Como ocurrió en la Cámara baja, dividió al recinto de manera transversal: reunió en el rechazo a peronistas disidentes, radicales y provinciales.

A la mayoría que sancionó la ley aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo. La moneda de cambio fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica durante el verano.

El rechazo quedó circunscripto a los senadores provinciales de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia, y a seis radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (Santa Fe), Daniel Kroneberger (La Pampa) y el bonaerense Maximiliano Abad.

La salida en masa del bloque justicialista que conduce José Mayans (Formosa) no solo acortó el debate: también permitió el amplio resultado favorable, porque ese sector no volvió al recinto. Con los tiempos acelerados, apenas se escucharon dos voces a favor. La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), miembro informante, y la radical Edith Terenzi (Chubut).

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, sostuvo Royón, presidenta de la comisión de Minería. La senadora explicó que hoy el subsidio alcanza los tres componentes de la factura —gas, transporte y distribución— y que el proyecto lo concentra solo en el costo del gas.

Desde la vereda opuesta, Gadano afirmó que la ley implicará un aumento en las facturas de los usuarios de la región más austral. “Si le quitamos el subsidio al transporte y la distribución, cómo no van a impactar ese porcentaje a las facturas si el gas hay que transportarlo hasta la Patagonia”, se quejó.

La radical Juri dijo que se encontraba ante un “día muy triste” porque “estamos agregando más injusticia” en la Argentina. “Estamos legislando sin ningún criterio técnico que permita justificar el concepto de zona fría”, agregó, y señaló que la iniciativa “afecta al 61% de los usuarios mendocinos”.

Abad sostuvo que acompañaba la ayuda a las provincias del norte por el mayor consumo eléctrico, pero pidió usar “el mismo principio para no excluir, para no dejar tirados, para no abandonar a muchos ciudadanos de distintos puntos del país donde hay temperaturas muy bajas”. En la provincia de Buenos Aires, precisó, serán 94 municipios los afectados, con 1,3 millón de hogares que “se van a quedar fuera de este beneficio y desprotegidos de un día para el otro”.

El esquema nació en 2002, con la Ley 25.565, para otorgar tarifas diferenciales a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a localidades de otras provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja— y llevó el universo alcanzado desde cerca de un millón hasta alrededor de cuatro millones de hogares.

La reforma busca volver al mapa original: conservarían la cobertura general los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que quedarían fuera las zonas incorporadas en 2021. El descuento, hoy situado entre el 30% y el 50%, se aplicaría únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no al total de la factura. Así, los cargos de transporte, distribución e impuestos quedarían fuera de la cobertura, un cambio que también elevaría el monto final para los usuarios de las regiones históricas que sigan dentro del régimen. En las localidades excluidas, la asistencia quedaría reservada a hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica.