Escepticismo militar por el proyecto de defensa que impulsa Milei

El proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso genera escepticismo en las Fuerzas Armadas. Sectores castrenses lo definen como un diagnóstico "aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes". La iniciativa, que nació a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas, crea el Consejo de Seguridad Nacional y establece que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en "operaciones militares convencionales y no convencionales".

La evaluación se completa con el análisis del presupuesto 2027, también remitido a la Cámara de Diputados, que aumenta los recursos para Defensa un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en 30%. La prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad sigue lejos, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones.

El proyecto llega, así, en "un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación", dijo a LA NACION un oficial en actividad. "En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa", explicó con preocupación otro militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.

Experiencias recientes, como la Operación Roca —el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo— y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.

El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado durante la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. "De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior", explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.

"El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur", advirtió el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.

Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. "El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado", estimó un general del Ejército retirado, que sugirió "despojarse de ataduras ideológicas".

Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que "el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina" y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas. Muchos comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia, pero estiman difícil que funcione en la práctica. "Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma", precisó un oficial retirado.

Frente al debate parlamentario, voces castrenses advierten que "una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas". "Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado", señaló un experimentado general.

La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa es que el proyecto es extremadamente largo y muy amplio. "Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos", dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y "vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno", cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.

Paleo añadió otro punto de controversia. "Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350", lamentó. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. "Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino", advirtió.

En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa "está lanzada para generar discusiones" sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. "Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa", cerró.