Estados Unidos oficializó nuevas tarifas para inversores: obtener la green card costará US$7615

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó la nueva estructura de tarifas para las solicitudes del programa de inmigrantes inversores que buscan obtener o conservar la green card. La reglamentación entra en vigor 60 días después de su publicación formal, es decir el 30 de noviembre de 2026.

La norma fija un costo de US$7615 para la petición de inmigrante por inversor independiente a través del Formulario I-526. El monto representa un aumento frente a la tarifa previa de US$3675 que cobraba el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

El nuevo valor integra una tarifa de tecnología de US$75 destinada a la modernización de los sistemas informáticos del gobierno federal. La medida busca recuperar los costos operativos reales de administración y cumplir con las metas legales de procesamiento de casos.

En el caso de los inversores de centros regionales, el formulario I-526E para la presentación inicial establece una tarifa de US$7850. Las solicitudes de enmienda a ese formulario fijan una cuota de US$7775 para los peticionarios.

La normativa establece objetivos de procesamiento de 240 días para las peticiones generales y de 120 días para proyectos en áreas de empleo objetivo. Los nuevos montos aplican de forma obligatoria a todas las solicitudes con sello de correo posterior a la fecha de entrada en vigor.

La regla también crea el Formulario I-527, denominado Enmienda a la Petición de Inversor Legado I-526, que permite a los inversores anteriores a la reforma de 2022 modificar su solicitud para conservar la elegibilidad migratoria.

El trámite aplica cuando el centro regional asociado sufre una cancelación de licencia o la empresa comercial incurre en una inhabilitación oficial. El costo fijado para la presentación de este formulario alcanza los US$10.330.

El peticionario dispone de un plazo de 180 días tras la notificación del organismo para presentar la enmienda correspondiente. La agencia fundamenta la tarifa en la complejidad técnica de la revisión individual de cada caso.

Además, el gobierno federal actualizó los costos de otros formularios y servicios vinculados al programa de inversores. La norma impone multas del 10% y 20% a los centros regionales que retrasen el pago anual del Fondo de Integridad. La falta de pago tras 90 días deriva en la cancelación automática de la designación del centro regional.