Estafa de EquiQuant Capital: piden indagar a 26 sospechosos por más de $1000 millones
El fiscal Andrés Madrea presentó un dictamen de 84 páginas ante el juez Darío Bonanno y acusó a la organización de captar víctimas por redes sociales y mensajería.

El fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Andrés Madrea pidió que 26 sospechosos sean citados a prestar declaración indagatoria por una estafa que, según su dictamen, supera los 1000 millones de pesos. La presentación, de 84 páginas, quedó en manos del juez Darío Bonanno y apunta a delitos de estafa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La maniobra se apoyaba en una supuesta academia de inversiones llamada EquiQuant Capital. Los acusados captaban interesados mediante perfiles de Instagram y grupos de WhatsApp, con promesas de alta rentabilidad y terminología bursátil que simulaban legitimidad. Las víctimas creían invertir en acciones, bonos y otros títulos valores.
El mecanismo incluía una web app donde los damnificados veían reflejados sus fondos y supuestas ganancias. En realidad, el dinero había sido transferido a distintas cuentas digitales manejadas por los falsos asesores. Cuando el usuario intentaba retirar los réditos o el capital, aparecían excusas: la necesidad de "integrar pagos" para liberar los activos, el pago de supuestos impuestos ante ARCA o el abono de honorarios a intermediarios financieros.
"El éxito de la elaborada artimaña no se encontraba únicamente estribado en el hecho de simular movimientos financieros", sostuvo Madrea. El fiscal remarcó que la operación se apoyaba en "el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas", dedicadas a la captación de interesados, la gestión de cuentas recaudadoras y la reinserción de los fondos en el circuito formal.
La investigación se inició con una denuncia en la ciudad de Buenos Aires y luego se sumaron presentaciones en distintas fiscalías y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci). También aparecieron damnificados en Chubut, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
En mayo pasado, ante la cantidad de casos, los fiscales intervinientes conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir evidencia, unificar criterios probatorios y analizar las rutas del dinero. El equipo está integrado por Madrea, el fiscal de Chubut Fernando Rivarola, el cordobés Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe, el santafesino Matías Ocariz y la bonaerense Andrea Andoniades.
Para Madrea, no se trata de una estafa piramidal clásica. Explicó que el ardid se develaba cuando cada usuario decidía retirar su dinero y se encontraba con excusas para postergar la entrega. "El timo se prolongaba hasta las últimas puntadas", escribió. La organización habría comenzado a operar a mediados de 2023.
El dictamen también incluye una cita llamativa: "Parafraseando a Celedonio Flores, Contursi o al gran Enrique Santos Discépolo, se podría canturrear que 'en la timba del ciberespacio, el chamuyo de una runfla de las teclas tejió una telaraña de bits para asaltar por timo a la gilada y quedarse siempre con el vento'".
En la presentación ante Bonanno se advirtió sobre "la escala y la extensión del daño producido", con afectación a la propiedad, el orden público, la fe pública y el orden económico y financiero. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina colaboran en la pesquisa.
Por qué importa
La causa expone una red de estafas virtuales que ya acumula víctimas en al menos cinco jurisdicciones y obligó a crear un equipo conjunto de fiscales. El caso marca un precedente sobre cómo se investigan los delitos financieros digitales en el país.
Qué sigue
El juez Darío Bonanno debe resolver si cita a indagatoria a los 26 sospechosos. En paralelo, el Equipo Conjunto de Investigación sigue el rastro del dinero para congelar cuentas y avanzar sobre la cúpula de la organización.
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