Falsas denuncias: un informe oficial las cuantifica en 0,09% de las causas penales

El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos presentó el primer relevamiento oficial que cuantifica las falsas denuncias en Argentina y concluyó que el delito constituye un "fenómeno marginal" en el sistema penal. Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante 2023-2025, las falsas denuncias representaron apenas el 0,09% del total.

El informe establece que la falsa denuncia representa aproximadamente una causa cada 1.000 en el sistema penal y el falso testimonio, una causa cada 4.000. Aunque los datos no cubren la totalidad del país, el documento asegura que permiten dimensionar el fenómeno real en el universo total de conflictividad penal. La conclusión central es contundente: "Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas".

El relevamiento sí registra un aumento en números absolutos. Los casos de falsa denuncia pasaron de 1.845 a 3.142 en el período analizado. No obstante, incluso con este crecimiento, continúan representando menos del 0,1% de las investigaciones. El informe sugiere que el aumento de registros puede reflejar una mayor capacidad de captación del sistema más que una explosión real del fenómeno.

Este estudio oficial emerge en un contexto de intenso debate legislativo. El proyecto de la senadora Carolina Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) avanzó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y propone aumentar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, especialmente en casos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. Losada argumenta que "el sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial".

En la actualidad, el Código Penal sanciona la falsa denuncia con multa de $750 a $12.000 y prisión de dos meses a un año. La iniciativa elevaría la pena a entre uno y tres años de cárcel, y de tres a seis años en casos de violencia de género. El falso testimonio pasaría de un mes a cuatro años actuales a penas de hasta ocho años, con ambas condenas declaradas no excarcelables.

El Observatorio de Violencia de Género alertó sobre efectos regresivos de insistir en una supuesta proliferación de denuncias falsas. La organización afirmó que "la instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas".

Los datos de subregistro de denuncias refuerzan estas preocupaciones. Según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec, el 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia. En materia de violencia contra las mujeres, aunque casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia en algún momento de su vida, solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight.

Losada respondió a los datos del informe señalando que muchas estadísticas sobre falsas denuncias miden solo las condenas firmes por ese delito específico, no el fenómeno total. Remarcó que hoy ese delito no se persigue activamente en el sistema.

El Observatorio también identificó limitaciones en su propio relevamiento. No pudo verificar el resultado procesal final de las causas, por lo que desconoce cuántas falsas denuncias registradas fueron efectivamente acreditadas por el sistema judicial. Tampoco incluyó desagregación por sexo del denunciante ni del denunciado, datos centrales para analizar la problemática, ni pudo verificar hipótesis sobre litigación estratégica en disputas familiares. Ocho jurisdicciones no respondieron la solicitud de información: Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

El Observatorio concluyó que los déficits de información detectados refuerzan la necesidad de invertir en registro y sistemas mejorados, no en agravamiento de penas. El análisis advierte que agravar sanciones para denunciantes en contextos de violencia de género agrava un problema de subacceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan.