Femicidios y fallas judiciales: casos que exponen la falta de control

El femicidio de Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla, Córdoba, conmocionó a la sociedad. La joven fue asesinada a puñaladas por su expareja, Maximiliano Baudraco, quien cumplía una condena condicional por amenazas en contexto de violencia familiar.

El Patronato del Liberado había informado al juez de ejecución, Facundo Moyano Centeno, que Baudraco no cumplía con las condiciones impuestas. Entre ellas, debía abstenerse de consumir alcohol o drogas, realizar trabajo comunitario y completar una psicoterapia. Tampoco respetó la restricción de acercamiento a la víctima.

Moyano Centeno ya había estado en el centro de la polémica por el caso de Horacio Grasso, expolicía condenado por el asesinato de un niño en 2007. Grasso tenía prisión domiciliaria, pero la violó en 250 ocasiones, según el Servicio Penitenciario. A pesar de las advertencias, el juez no revocó el beneficio.

Grasso está imputado por el homicidio de Milagros Basto, hallada muerta en el departamento donde cumplía la prisión domiciliaria. También enfrenta un juicio por abuso sexual contra otra mujer. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba abrió un sumario contra el magistrado.

En Rosario, Esteban Delgado fue imputado por abuso sexual contra dos de sus hijas, una de las cuales fue asesinada. La Cámara de Apelaciones acortó su prisión preventiva, que vencía en junio. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero no pidió la prórroga a tiempo, y Delgado quedó en libertad.

La víctima de 15 años se enteró por un vecino de que su padre estaba libre. Una prohibición de acercamiento dictada por un juzgado de Familia permitió que volviera a ser detenido. Nicosia argumentó que el expediente ya no estaba a su cargo, pero la responsabilidad procesal es indelegable.

Estos casos muestran fallas en el control judicial y en el cumplimiento de las medidas. La justicia no solo debe ser imparcial, sino también eficaz en la ejecución de sus decisiones. Cuando los actores del sistema no honran sus compromisos, se erosiona la credibilidad institucional y la sociedad queda desprotegida.