Casación ordena investigar a Federico Achaval por el predio del vacunatorio de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar al intendente de Pilar, Federico Achaval, por presuntas maniobras para quedarse con el predio donde funcionó el vacunatorio más grande de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia. La decisión de la Sala IV revocó el archivo del caso que había dispuesto el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

El fallo hizo lugar al recurso del empresario Mateo Corvo Dolcet, presidente de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del terreno ubicado sobre la Panamericana. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky firmaron la resolución que reactiva la causa y habilita la producción de pruebas.

La denuncia apunta a una serie de incumplimientos por parte de la Municipalidad de Pilar. Según la presentación, la comuna retuvo el inmueble después de que se revocara la custodia legal e invocó un derecho de posesión incompatible con su condición de custodio. También se cuestionan obras realizadas sin autorización, que habrían alterado la estructura del edificio y afectado el proyecto de un Centro de Transferencia de Pasajeros.

El escrito suma otras irregularidades: el incumplimiento del pago de impuestos y obligaciones asumidas, que derivaron en una ejecución fiscal y un embargo sobre el predio. A eso se agrega la posible vinculación de la ocupación con una maniobra expropiatoria mediante una ley que, según la querella, fue promovida con fundamentos falsos y cuya aplicación estaba suspendida. Ese punto se conecta con otra causa que involucra a Jorge D'Onofrio por haber impulsado la ley de expropiación.

La querella también menciona la alteración del inmueble, incluida su pintura con simbología partidaria, dentro del conjunto de incumplimientos denunciados. El mes pasado el vacunatorio apareció abandonado y vandalizado: dentro del terreno se encontraron restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas, material descartable, camillas y mobiliario.

El origen del caso se remonta a una presentación de Corvo Dolcet en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Mientras el empresario era investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, la Justicia cedió el predio de forma temporaria a la municipalidad, con intervención de la AABE. Cuando fue sobreseído intentó recuperarlo y se encontró con el estado de abandono que había dejado la comuna.

El presidente de Pilar Bicentenario SA calificó el archivo como "arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna". La Sala IV ya había anulado antes las decisiones que le negaban actuar como parte querellante. En esa línea, cuestionó los fallos de González Charvay y de la Cámara de San Martín por haber recortado y descontextualizado los hechos, al considerarlos meros incumplimientos contractuales.

Corvo Dolcet también es querellante en otra causa que tramita en la justicia federal de La Plata, donde se investiga la expropiación del predio a partir de la sanción de la ley provincial N°15.239, en diciembre de 2020. La decisión de Casación se conoce en medio de otras causas sensibles que tramitan en los tribunales federales de la zona, como la revisión de sanciones a abogados por sus dichos sobre la Corte Suprema.

González Charvay es el mismo magistrado que dictó el sobreseimiento del entorno del tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, y de sociedades vinculadas, con fundamento en una desestimación del juez de Santiago del Estero Argibay. En paralelo, consolidó su juzgado como eje de las investigaciones patrimoniales sobre la AFA y pidió la inhibición de otros tribunales para unificar expedientes por presuntos desvíos de fondos.