La Corte Suprema busca un protocolo único para la salud de los presos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo científico para unificar los criterios sobre el estado de salud de los internos y las posibilidades de tratamiento en los institutos carcelarios. La acordada apunta a terminar con el contraste en el trato que la justicia federal da a los detenidos por delitos comunes frente a los acusados de crímenes de lesa humanidad.

Desde la reapertura de los juicios por lesa humanidad en 2004, ese segundo grupo quedó bajo un régimen diferenciado. Según la postura que impulsa la unificación de criterios, en esos procesos se estiraron los plazos legales de la prisión preventiva y se rechazaron de forma sistemática eximiciones, excarcelaciones, internaciones, detenciones domiciliarias, salidas transitorias y libertades condicionales.

El texto sostiene que la práctica se mantiene con la apertura constante de nuevas causas: cuando los condenados empiezan a cumplir total o parcialmente sus penas, otros jueces disponen nuevas órdenes de detención y les bloquean los beneficios progresivos. Para los impulsores de la medida, ese mecanismo contradice la ley y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

El contraste que se cuestiona aparece también en casos de corrupción. La acordada menciona detenciones domiciliarias otorgadas a dirigentes políticos condenados que no cumplen siquiera el requisito de los 70 años, y exmagistrados condenados que pasan los fines de semana en su casa. Frente a eso, agentes civiles de inteligencia, suboficiales baqueanos, exsubtenientes y tenientes del Ejército, un sacerdote y las más bajas jerarquías del servicio penitenciario y de las policías afrontaron periodos extensos de encierro.

El documento advierte que esas cárceles, a esta altura de sus vidas, no garantizan un traslado rápido a un establecimiento de salud en casos de urgencia. Menciona una nómina extensa de detenidos con deterioro grave de su salud o fallecidos por derrames cerebrales o infartos dentro de los institutos donde estaban alojados, incluidos militares que murieron presos o con enfermedades severas cerca de los 90 años.

Entre los casos citados aparece el del teniente coronel Juan Daniel Amelong, con problemas cardíacos y más de 20 años encarcelado. Según la denuncia, sufrió tres episodios que lo pusieron al borde de la muerte y en uno de ellos lo sacaron sus propios compañeros de prisión. El planteo se apoya en la tradición del derecho penitenciario argentino, inspirado en la penitenciarista española Concepción Arenal, que fijó el principio constitucional de 1853 de que las cárceles son para seguridad y no para castigo.

La iniciativa del máximo tribunal se presenta como coherente con convenciones internacionales que protegen a las personas mayores. Aun así, el texto advierte que ningún protocolo reemplaza la responsabilidad de los jueces: señala el riesgo de magistrados que antepongan sus ideas políticas al cumplimiento de la ley o que busquen beneficiarse con sus decisiones. La expectativa es que el nuevo instrumento termine con criterios que, según esta lectura, violaron el principio de igualdad de todos ante la ley.