Florida: Ron DeSantis activa la ley antiterrorismo HB 1471 contra organizaciones radicales
La norma crea un proceso estatal para designar grupos terroristas, restringir fondos públicos y aplicar sanciones penales.


El gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso en marcha la ley HB 1471, una normativa que otorga al estado nuevas herramientas para identificar, designar y combatir organizaciones terroristas dentro de su jurisdicción. La legislación entró en vigor el 1° de julio, según informó la administración estatal.
La ley crea un procedimiento formal para declarar como terroristas a grupos que amenacen la seguridad pública. DeSantis recordó que en diciembre pasado firmó una orden ejecutiva contra ideologías radicales y que ahora la HB 1471 fortalece esas acciones al incorporarlas al marco legal de Florida, protegiendo a su vez los derechos constitucionales, según afirmó.
La oficina del gobernador anunció la intención de designar inicialmente a varias organizaciones bajo la nueva ley. Entre ellas se encuentran el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, el gobierno recibió recomendaciones para incorporar más de 90 organizaciones terroristas extranjeras reconocidas a nivel federal, como Al Qaeda, el Estado Islámico (ISIS), Hezbolá y Boko Haram. Estas designaciones adquirirán fuerza legal solo después de ser confirmadas por el gabinete estatal.
Una de las consecuencias más importantes de la HB 1471 es la prohibición de utilizar recursos públicos para beneficiar a organizaciones declaradas terroristas. Entre las restricciones figuran: no otorgar contratos estatales, subvenciones o beneficios fiscales a esos grupos, y tampoco permitir que reciban fondos de emergencia o ayuda estatal.
La ley también modifica el Código Penal de Florida para incorporar el concepto de organización terrorista nacional y ampliar las sanciones. Se tipifican como delitos: reclutar miembros para una organización terrorista, proporcionar entrenamiento o apoyo material, y obstaculizar investigaciones antiterroristas. Las penas varían según la gravedad, desde prisión hasta cadena perpetua si las acciones provocan lesiones graves o la muerte.
Fuente: Lanacion.
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