El DOJ despliega 1000 observadores en las midterms de EE.UU. y reportará el voto de no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegará unos 1000 observadores en los 50 estados durante las elecciones de medio término del 3 de noviembre y reportará posibles infracciones a la ley electoral federal, incluido el presunto voto de personas sin ciudadanía. Así lo confirmó la portavoz del organismo, Kiersten Pels, en medio de la disputa por los votos cuestionados en California.

“Si los observadores detectan alguna violación de la ley electoral federal, incluido el voto de personas que no son ciudadanas, lo registran y lo reportan al Departamento”, afirmó Pels. La funcionaria agregó que el personal recibirá capacitación para evitar interferencias y proteger el acceso a las urnas.

La instrucción no implica controles de ciudadanía sobre quienes acudan a votar. Un alto funcionario del DOJ aclaró que los observadores no verificarán el estatus de los electores el día de la elección. Sus informes podrían aportar datos para investigaciones posteriores, aunque todavía no está claro qué pruebas de un sufragio ilegal podrán reunir mediante la observación.

El artículo 611 del título 18 del Código de Estados Unidos prohíbe, como regla general, que los no ciudadanos voten en elecciones para cargos federales, con multas o hasta un año de prisión por infracción. La norma contempla excepciones específicas y votaciones locales autorizadas, siempre que estén separadas de la elección federal.

El operativo triplicaría el volumen de personal de las últimas elecciones de medio término y sería el más grande en la historia del programa de supervisión electoral del DOJ. Las prioridades incluyen distritos reñidos, zonas con antecedentes de dificultades para votar y áreas muy pobladas.

El personal federal estará acompañado por una amplia red de vigilancia partidaria y ciudadana. Los partidos demócratas estatales capacitaron a unos 10.000 voluntarios, mientras que la organización Common Cause preparó a cerca de 16.000. El programa no nació con esta elección: la División de Derechos Civiles del DOJ supervisa el cumplimiento de las leyes de derecho al voto, y entre las situaciones que puede documentar figuran las barreras de acceso para personas con discapacidad y la ausencia de boletas en español en determinados centros.

La participación de fiscales y trabajadores de agencias de seguridad originó reclamos de organizaciones defensoras del derecho al voto. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp) presentó una demanda para impedir que fiscales penales y personal policial cumplan esas funciones, al argumentar que su presencia podría intimidar a los votantes.

En ese contexto, el DOJ precisó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no aportarán personal para observar los comicios. Los designados no podrán portar armas ni interferir con los electores.

Algunos estados ya tomaron recaudos. Minnesota desplegó unos 40 empleados estatales para acompañar y supervisar a los representantes del DOJ durante sus primarias de agosto, y California adoptó una medida similar. En Nevada, el secretario de Estado Cisco Aguilar anunció capacitación para que las fuerzas de seguridad retiren a los observadores federales que infrinjan las normas o se nieguen a abandonar un centro cuando corresponda.

La supervisión también provocó una controversia en Wyoming. Su gobernador, el republicano Mark Gordon, solicitó que se investigara la conducta de los observadores durante las primarias, tras cuestionamientos sobre pedidos para examinar máquinas de votación. El DOJ respondió que las consultas buscaban comprobar condiciones de acceso para personas con discapacidad.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump presionó a los estados para obtener información de inscripción de votantes, en un clima de tensión creciente por el voto cubano en Florida y por las encuestas de cara a las midterms.