Igualdad ante la ley: el caso Moyano y los privilegios que erosionan la confianza

La vida privada de las personas merece respeto, incluso la de aquellos con exposición pública o apellidos conocidos. Sin embargo, cuando intervienen la policía y la Justicia, un episodio íntimo puede convertirse en un asunto de interés general. El confuso caso que involucra al exdiputado Facundo Moyano y a la joven Candela Arizaga, de 23 años, plantea una pregunta incómoda: ¿somos realmente todos iguales ante la ley?

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes en el departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. Arizaga salió del edificio con escasa ropa y recorrió varias cuadras en estado de alteración. El primer parte policial indicó que la joven manifestó haber sido agredida. La policía interceptó a ambos y ella fue trasladada al Hospital Pirovano. La fiscalía dispuso inicialmente la detención de Moyano por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La joven luego negó haber sido golpeada y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas. Moyano también negó la agresión. La presunción de inocencia no admite apellidos que la fortalezcan ni otros que la debiliten. Pero existen hechos objetivos que no dependen de versiones contrapuestas: la salida de Arizaga a la calle, su traslado en ambulancia y la detención inicial de Moyano.

La investigación dejó abierta durante horas una ventana en la que podían perderse pruebas. El departamento no habría quedado debidamente preservado desde el primer momento. El primer abogado de Arizaga denunció que, mientras se aguardaba el allanamiento, una persona ingresó al inmueble y salió con un bolso. También se registraron controversias sobre las medidas adoptadas en esas primeras horas y cambios en las declaraciones de la joven.

Puede haber explicaciones procesales para cada circunstancia, pero surge una pregunta inevitable: ¿habría recibido idéntico tratamiento un desconocido cuyo apellido no fuera Moyano? Facundo Moyano no es un simple particular de 41 años. Fue diputado nacional y dirigente sindical, hijo de Hugo Moyano y hermano de otros dirigentes con posiciones relevantes en el sindicalismo y la política. Nada de eso disminuye sus derechos, pero tampoco puede aumentar sus privilegios.

La Argentina conoce una forma de desigualdad corrosiva: leyes formalmente idénticas, pero aplicación distinta según quién esté delante. No hay elementos para afirmar que la policía o la Justicia hayan actuado deliberadamente para proteger a Moyano. Pero las anomalías, omisiones y demoras ocurridas obligan a preguntarse si un ciudadano común habría recibido el mismo trato.

La respuesta no puede ser aceptar sin más la explicación posterior de que nada sucedió, ni adoptar como verdad la primera versión. Una investigación penal existe porque las versiones pueden cambiar y las pruebas deben reconstruir los hechos. La igualdad ante la ley significa que todos deben ser investigados con el mismo rigor, protegidos por las mismas garantías y sometidos a las mismas reglas.

Ese principio protege a la joven que terminó en un hospital y a Moyano, que tiene derecho a que ninguna sospecha infundada permanezca sobre él. Protege, sobre todo, a una sociedad que necesita confiar en que un apellido poderoso no abre puertas que para los demás permanecen cerradas. Si la investigación concluye que no hubo delito, deberá decirlo con claridad, pero solo será creíble si las pruebas fueron preservadas y examinadas oportunamente.

Una República no puede prometer la misma fortuna para todos, pero debe garantizar que, ante la policía o la Justicia, los apellidos dejen de importar. Porque ante la ley no puede haber príncipes de ningún tipo.