Intervención judicial en la UOM por desvío de fondos y nepotismo

La Justicia federal intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras detectar un presunto desvío millonario de fondos durante la gestión del exsecretario general Abel Furlán. La medida, dispuesta por 180 días, quedó a cargo de Alberto Biglieri y busca desarticular una red de corrupción que incluye la apropiación de vehículos y un contrato cuestionado con una empresa vinculada a La Cámpora.

La investigación, liderada por el juez federal Julián Ercolini, apunta a Furlán por el uso indebido de al menos 11 vehículos del gremio para fines personales y familiares. Además, se analiza un convenio firmado en febrero de 2023 que entregó la administración de los aportes de los afiliados a USEM S.A., una compañía creada dos meses antes por María Soledad Calle, empleada del sindicato y militante camporista.

El acuerdo, con una duración de diez años, establecía una comisión del 0,5% para USEM, lo que le garantizaba una facturación estimada en 100 millones de pesos mensuales. Según la investigación, esos fondos habrían permitido a Calle adquirir un departamento en el edificio de San José 1111, ubicado justo debajo de la vivienda donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, lo que motivó una pesquisa por posibles reuniones ilegales.

El fiscal Eduardo Taiano impulsó una acción penal por lavado de dinero contra Calle, quien no pudo justificar el origen de sus bienes, entre ellos una camioneta BMW. En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones que habían consagrado a Furlán al frente del sindicato y se suspendió el contrato con USEM.

El caso expone un modelo de gestión sindical caracterizado por el nepotismo y el manejo discrecional de los fondos de los trabajadores. La intervención judicial busca recuperar los activos mal habidos y sentar un precedente contra prácticas que afectan la representación gremial en la Argentina.