Investigan a exgerente de Tandanor por presunta coima y secuestran US$367.110

Una auditoría interna en Tandanor, el astillero estatal dependiente del Ministerio de Defensa, destapó una presunta maniobra de corrupción que terminó con allanamientos y el secuestro de más de 367.000 dólares. El principal investigado es Julio Eduardo Galle, exgerente comercial de la empresa, quien habría ofrecido condonar una deuda de unos 200.000 dólares a cambio de un beneficio económico.

La causa, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, investiga los delitos de cohecho y administración infiel en perjuicio de la administración pública. La denuncia fue presentada por la propia empresa estatal después de que una auditoría interna detectara irregularidades en el cobro de servicios.

Según la hipótesis judicial, Galle habría ofrecido a Antonio Alejandro Napoleone, director de Lucrimar SA, condonar una deuda de aproximadamente 200.000 dólares que esa firma mantenía con Tandanor por servicios prestados. A cambio, Galle habría recibido dinero, lo que habría provocado un perjuicio al patrimonio de la empresa estatal.

El operativo, ejecutado por agentes del Departamento Unidad contra la Corrupción de la Policía Federal, incluyó cinco allanamientos: cuatro en la ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. El hallazgo más importante ocurrió en una caja de seguridad bancaria en el microcentro porteño, donde se encontró parte de los 367.110 dólares secuestrados. El resto del dinero estaba en un departamento que figuraba entre los objetivos.

Además de los dólares, se incautaron 12.700.000 pesos, teléfonos celulares, computadoras, tablets, pendrives, documentación bancaria y registros vinculados con contratos y operaciones comerciales. Entre los elementos secuestrados también apareció un recibo manuscrito que documentaría un pago de 100.000 dólares entre personas vinculadas a la maniobra.

Los investigadores realizaron un relevamiento de información financiera, informática y patrimonial de los sospechosos para determinar cómo se habría desarrollado la operación, el destino del dinero y el grado de participación de cada uno. El recibo manuscrito será sometido a peritajes para establecer su origen y autoría.

La investigación se inició a partir de una denuncia de Tandanor, que decidió realizar una auditoría interna tras el cambio de autoridades. Esa auditoría detectó la falta de comprobantes relacionados con el cobro de servicios prestados a Lucrimar SA, lo que dio origen a la denuncia penal y a la posterior investigación judicial.