Justicia da última chance a Algodonera Avellaneda para evitar la quiebra

La Justicia le dio una última oportunidad a la firma Algodonera Avellaneda, en concurso, para evitar que el proceso avance hacia el salvataje o la quiebra. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, le otorgó a la histórica textil del norte santafesino, vinculada a la familia Vicentin y con unos 360 empleados, un período extraordinario hasta el 10 de agosto de 2026 a las 12.00 horas (sin plazos adicionales ni días de gracia) para que consiga el apoyo de sus acreedores y logre el acuerdo que hasta ahora le fue esquivo.

A mediados de mayo pasado venció el período de exclusividad sin que la empresa reuniera las mayorías que exige la Ley de Concursos y Quiebras para homologar una propuesta de pago. El único acuerdo que había conseguido era con los trabajadores. El principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo verificado, rechazó alternativas presentadas por la compañía.

Ante esa situación, la empresa pidió que se excluyera el voto del banco al considerar que actuaba como un acreedor hostil. El argumento era que, al concentrar semejante porcentaje de la deuda, cualquier negativa del Nación hacía imposible alcanzar las mayorías previstas por la ley. La algodonera había señalado en un escrito que el BNA ostenta un crédito verificado por $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40, representando el 80% del pasivo quirografario verificado.

Sin embargo, Lorenzini no le dio la razón a ninguno de los dos. En lugar de resolver si correspondía excluir el voto del BNA o dar por fracasado el concurso, optó por un camino excepcional conocido como tercera vía, que consiste en otorgarle al deudor un nuevo plazo para que mejore sus propuestas y sume apoyos.

No se procederá en forma inmediata a la declaración de existencia o inexistencia de mayorías, sostuvo el magistrado. En cambio, explicó que se propiciará una tercera vía breve para permitir que la empresa explore alternativas superadoras con la ayuda de sus acreedores en general, y del BNA en particular.

El juez definió el conflicto como un caso difícil en el que chocan dos intereses tutelados por la ley: la protección del crédito y la preservación de las empresas viables. El magistrado escribió: “Debemos analizar si aún resulta posible un diálogo de tales intereses, basándonos en el esfuerzo compartido de todos los protagonistas y evitando la aniquilación de uno a manos del otro”.

También señaló que en este caso deben analizarse las asimetrías de poder existentes entre un gran banco del Estado Nacional y una empresa privada como parte de la ponderación constitucional y convencional.

El fallo llegó después de una serie de decisiones que fueron complicando el futuro de la empresa. En abril, la Justicia había autorizado contratos de fasón con la Nueva Vicentin Argentina para que la firma pudiera volver a procesar algodón y generar ingresos mientras seguía el concurso. Días más tarde, el Banco Nación rechazó una propuesta de pago por considerarla insuficiente y, cuando venció el período de exclusividad en mayo, el concurso quedó prácticamente sin salida.

Con esta resolución, Lorenzini decidió abrir una última instancia antes de que el expediente pueda avanzar hacia el salvataje o una eventual quiebra. En la resolución, el magistrado también hizo un análisis sobre el origen del endeudamiento. Según el fallo, la crisis financiera de Algodonera Avellaneda no se explica únicamente por su propia actividad industrial, sino por una operatoria conjunta con Vicentin.

El fallo sostuvo que ambas compañías asumieron garantías cruzadas para respaldar operaciones financieras destinadas principalmente a la agroexportadora. Según la resolución, entre 2018 y 2019 el Banco Nación desembolsó créditos por unos US$284 millones, además de existir una fianza por US$300 millones firmada por directores de la algodonera y decenas de pagarés que hoy forman parte de distintos procesos judiciales.

El endeudamiento de Algodonera Avellaneda fue progresivo y conjunto con Vicentin, con el apoyo de los accionistas y directores de ambas sociedades, sostuvo el juez. Y agregó que esas garantías terminaron originando un severo compromiso patrimonial de la textil.

La radiografía económica también muestra la gravedad de la situación. La empresa cerró 2024 con un patrimonio neto negativo superior a $15.461 millones, mientras que el pasivo verificado asciende a alrededor de $452.154 millones. A eso se suma una deuda generada después del concurso —principalmente con empresas de energía, trabajadores y el fisco— que supera los $6.818 millones.

El juez también analizó las distintas ofertas que recibió el Banco Nación y concluyó que, medidas a valor presente, implican recuperos muy bajos para la entidad financiera. Según el fallo, las propuestas representan entre 8,66% y 23,30% del crédito en dólares y entre 0,14% y 8,09% en pesos. Incluso advirtió que, con las tasas actuales, extender demasiado los plazos termina funcionando como una reducción encubierta de la deuda.

La prórroga concedida por el juez quedó sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas, la algodonera deberá presentar un plan de crisis operativo, comercial y financiero para los próximos 36 meses. Pese a que se lo hemos solicitado, ese documento nunca fue presentado, le reprochó el magistrado, sobre todo considerando la vulnerabilidad extrema que atraviesan sus propios trabajadores.

Al BNA, en tanto, le exigió acreditar las normas internas que le impedirían otorgar quitas, una cuestión largamente citada pero no acreditada en este caso. Según Lorenzini, esas limitaciones no resultan establecidas de manera taxativa en la carta orgánica ni en el código de gobierno de la entidad. El banco deberá explicar, además, cómo impactarán en esta deuda los cobros que percibirá en el concurso de Vicentin, codeudora solidaria. La sindicatura presentará informes semanales para evitar la apertura de un proceso liquidativo.

Si el 10 de agosto no hay mayorías, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el salvataje o hacia la quiebra. El propio fallo concluye que la liquidación sería el peor escenario para los acreedores, porque una empresa en funcionamiento vale más que sus activos por separado.

Fuente: Lanacion.