Justicia federal pide embargos por $600 millones por la herencia de "Pillín" Bracamonte

ROSARIO.- Andrés "Pillín" Bracamonte murió acribillado hace casi dos años, pero su patrimonio sigue bajo la lupa de la Justicia federal. Cuatro fiscales le pidieron al Juzgado Federal N° 3 de Rosario que ordene seis allanamientos simultáneos, embargos por hasta $600 millones y el decomiso sin condena de los bienes que estaban a nombre del exjefe de la barra brava de Rosario Central.

Los pedidos los firmaron Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario. Los operativos se realizaron el 28 de septiembre desde las seis de la mañana con efectivos de Gendarmería.

Los objetivos fueron la casa del Lote 21 del country Los Álamos, en Ibarlucea, donde vive Agustina Diale, la última pareja de Bracamonte; la vivienda de Álvarez Thomas al 1800, en Rosario, donde residen su exesposa, Natalia Salas, y su hijo mayor, Andrés Guillermo Bracamonte; los domicilios de su socio Fernando Rigiracciolo y de Eduardo Langhi —titular formal de la casa del country—, ambos en Granadero Baigorria; la nueva sede de ATE Servicios Integrales SRL, en San Lorenzo, y el domicilio de Carlos Vergara, extitular de la Uocra Rosario, en Lomas de Zamora o en la ciudad de Buenos Aires.

El argumento central de los fiscales es que la muerte de Bracamonte no frenó la estructura: solo cambió quién la administra. Aportan datos concretos: 16 días después del crimen, el 25 de noviembre de 2024, se inscribió a nombre de la pareja de Bracamonte una camioneta Toyota Hilux radicada en el mismo Lote 21.

A comienzos de 2025, ATE Servicios Integrales SRL dejó su sede de Capitán Bermúdez. El nuevo ocupante contó que le había alquilado el inmueble "una persona de apellido Bracamonte". Hoy la firma funciona en Alemania 1181, en San Lorenzo, bajo la gestión de Diale, que declaró ante un tribunal provincial que maneja unos 80 clientes.

Rigiracciolo, que en agosto de 2023 cedió formalmente sus cuotas de ATE a Diale, sigue usando una Amarok de la sociedad: Gendarmería la encontró estacionada frente a su casa. Para los fiscales, esa continuidad indica que la cesión "pudo encubrir una interposición". Otra Amarok de la empresa, una Extreme V6 comprada cero kilómetro en 2022, está desaparecida.

El otro motivo es que vencieron las cautelares dispuestas por la Justicia provincial. El embargo sobre el VW Scirocco del hijo caducó en marzo de 2025 y un año después, en abril de 2026, el auto fue vendido a un tercero. En el edificio Altos de Alberdi II, de la calle Doctor Luis Vila al 700, una de las tres unidades imputadas a Salas figura desde abril de 2025 a nombre de otra persona, y otra fue alquilada por ella en julio de este año.

Como Bracamonte no puede ser juzgado, los fiscales pidieron sobreseerlo por fallecimiento y aplicar el artículo 305 del Código Penal, que permite decomisar bienes de origen ilícito sin condena cuando el imputado murió. El pedido alcanza lo que estaba formalmente a su nombre: una Ford Ranger, el inmueble de Álvarez Thomas 1870 —adjudicado en el divorcio y que, según la fiscalía, conserva la expareja— y sus participaciones en seis sociedades.

Sobre el resto de los bienes, a nombre de familiares y allegados que siguen imputados, pidieron embargo preventivo: 19 vehículos, entre ellos un BMW M2, el VW Scirocco, una moto Yamaha R1, cuatro Amarok y un Mini Cooper; los departamentos de Doctor Vila al 700, las casas de Álvarez Thomas, el viejo departamento de la calle White y el Lote 21. Solicitaron además el secuestro de una moto de agua Sea-Doo bautizada "La Pitufina" y una prohibición de innovar sobre cuatro licencias de taxi, dos de Salas y dos del hijo, que nunca habían sido cauteladas.

Los fiscales insisten en que la prueba se reunió en vida de Bracamonte y que él la cuestionó durante más de cuatro años. Pidieron que se dé intervención a los herederos y al Ministerio Público de la Defensa, ya que una de las posibles herederas es menor de edad.

La investigación patrimonial empezó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe en 2020. Tras un allanamiento en el Lote 21 ordenado en otra causa —la que investigaba la alianza de Ariel "Guille" Cantero y la barra de Newell's para coaccionar al sindicato de peones de taxi—, se encontraron $2,5 millones, dólares, cheques, documentación de las sociedades y el contrato de alquiler que Bracamonte había firmado con Langhi. Ese hallazgo dio origen a una causa por lavado por un monto provisorio de $38,4 millones.

El 29 de noviembre de 2023, el MPA detuvo a Bracamonte y a Vergara como jefes de una asociación ilícita que, según los fiscales, obligaba a las constructoras del cordón industrial a contratar baños químicos y viandas de sus firmas, pagar por un "libre deuda sindical" y tomar empleados que nunca trabajaban. En la casa de Pillín se secuestraron $6 millones y un sobre de la Uocra; en la de Vergara, $39,1 millones, US$18.300 e inhibidores de señal.

Una semana después, la Procelac abrió una investigación preliminar y, en febrero de 2024, denunció a ambos por lavado de dinero agravado. Se trabó entonces una disputa de competencia que llegó a la Corte Suprema, que en diciembre de 2025 le dio la razón a la Nación, por considerar el lavado un delito autónomo.

En agosto de este año, los fiscales delimitaron el expediente: el fuero federal se quedó con la investigación por lavado y devolvió a la Justicia provincial la de asociación ilícita, extorsiones y administración fraudulenta atribuida a Sergio Quiroga, intendente del estadio de Central, y la falsedad ideológica imputada a Langhi.

Las cifras de la acusación muestran la brecha entre lo declarado y lo que se usaba. Bracamonte estaba inscripto en la categoría F del monotributo, con un tope de facturación anual de $8 millones, como vendedor de indumentaria deportiva. Como empleado de su propia empresa, ATE, recibió en una década transferencias por $7,1 millones. Sin embargo, registró 46 cruces migratorios desde 2013, con destinos como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Cuba, México y República Dominicana, y vivía en un country cuyas expensas y seguro pagaba como si fuera el dueño.

No tenía inmuebles a su nombre: la casa del Lote 21 figura como propiedad de Langhi, que la compró en 2018 por US$120.000 declarados, un precio que según el MPA era inferior al real y encubría el dinero de Bracamonte.

Los autos contaban otra historia. Su hijo compró a los 18 años un VW Scirocco cero kilómetro, hoy valuado en $28,3 millones, y en octubre de 2023 adquirió una Yamaha R1 tasada en $22,1 millones, cuando figuraba como empleado de una empresa en la que no prestaba servicios.