Quinta de Pilar: diez meses sin juez y la causa por lavado que salpica a la AFA

La causa por la mansión de Pilar valuada en 25 millones de dólares que se sospecha pertenece a dirigentes de la AFA cumple diez meses sin que haya una decisión firme sobre qué juez debe investigarla. El conflicto de competencia entre tribunales federales de Comodoro Py, Campana y la Ciudad de Buenos Aires mantiene el expediente en un limbo que favorece a los acusados.

El caso está ahora en la Cámara Federal de Casación, donde los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar deben resolver con plazos perentorios. La expectativa es que el tribunal rechace el recurso del fiscal Mario Villar y confirme el envío de la causa al juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, tal como pidió la defensa.

La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y la presentaron Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica. Apuntaban por lavado de dinero a quienes figuran como dueños de la quinta de cinco hectáreas, donde se encontraron canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, quincho y un galpón con 54 automóviles de alta gama.

En los papeles, la propiedad pertenece a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Los investigadores consideran que su perfil económico no se corresponde con el de los dueños de una mansión de ese valor y sospechan que son testaferros.

Durante el allanamiento aparecieron objetos con el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA: un cuadro en el que aparece con su padre, un bolso, botellas de whisky, fotos y las cédulas azules que habilitan a manejar algunos de los autos hallados. La fiscalía sostiene que la quinta es la evidencia de una maniobra de lavado de dinero proveniente de una supuesta administración fraudulenta de contratos de la AFA con la Selección.

El fiscal Villar describió una red internacional de intermediarios financieros que habría operado entre 2021 y 2025 y canalizado fondos fuera del circuito bancario argentino. Según su hipótesis, bajo el pretexto del cepo cambiario y con comisiones del 30%, se habrían "desviado y ocultado del patrimonio de AFA" ingresos por derechos comerciales, auspiciantes extranjeros y transmisión de partidos, con participación o aquiescencia de dirigentes.

La causa pasó por el juez federal Daniel Rafecas, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, la jueza Verónica Straccia, González Charvay, la Cámara Federal de San Martín y Casación. El 14 de agosto de 2026, la Sala I de Casación, con los votos de Barroetaveña y Borinsky y la disidencia de Slokar, resolvió el conflicto a favor de la defensa y ordenó que el expediente salga del fuero Penal Económico porteño y pase a Campana.

Los fiscales Germán Bringas y Carlos Cearras se opusieron. A fines de agosto, Villar presentó un recurso extraordinario federal y cuestionó la resolución por arbitrariedad: sostuvo que el tribunal consideró solo el lugar físico de la propiedad e ignoró la hipótesis integral del lavado, que se inició en la Capital Federal.

El juez que finalmente investigue quedará a cargo de todas las causas de supuesto lavado y fraude ligadas a la AFA que involucran a Claudio "Chiqui" Tapia y a Toviggino. La definición de la competencia es, en los hechos, la definición de quién maneja el expediente más sensible del fútbol argentino.