La AFA y los jueces: las contorsiones para evitar la sede en Pilar

La causa que investiga la propiedad de la mega mansión de Pilar atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumó nuevas revelaciones que complican a la AFA y a los jueces que intervinieron. La escritura de compraventa de la propiedad se realizó en la Capital Federal, lo que habría obligado a que el caso recayera en los juzgados federales de Comodoro Py, especializados en lavado de activos. Sin embargo, la Cámara de Casación decidió en mayo pasado que la investigación continúe en el fuero Penal Económico.

La decisión de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fue cuestionada porque, para justificar la competencia de Campana, debieron sostener que la sede de la AFA está en Pilar, donde hay un terreno baldío y una carpa, y no en el histórico edificio de la calle Viamonte. Las constancias del expediente indican que todos los movimientos bancarios relacionados con la compraventa se realizaron en la Capital, lo que refuerza la jurisdicción de los tribunales federales porteños.

El primer allanamiento a la casona, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, encontró un bolso de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central y 54 autos de lujo. El caso pasó luego por al menos 14 jueces, entre federales, penales económicos y de apelaciones, en un laberinto de dilaciones que el fiscal general de Casación, Mario Villar, apelará ante la misma Cámara antes del próximo lunes.

La recusación de Elisa Carrió contra Barroetaveña, quien fue presidente de la Comisión de Ética de la AFA hasta diciembre pasado, fue rechazada con el argumento de que la diputada no es parte del expediente. Sin embargo, en otras causas con resonancia pública, los jueces aceptaron recusaciones de personas ajenas al proceso. El fiscal Villar había dictaminado que la causa debía quedar en manos de Rafecas o de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, pero la Cámara decidió derivarla al juez Adrián González Charvay, de Campana, quien mostró interés en retener el expediente.

Tapia y Toviggino están siendo investigados en siete causas por defraudación, desvío de fondos, retención indebida de aportes y lavado de dinero en la AFA. Solo por retención de aportes, el monto presunto asciende a casi 20.000 millones de pesos. La quinta de Pilar, valuada en el marco de una fortuna mal habida de unos 400 millones de dólares, fue utilizada incluso para que un juez festejara su cumpleaños. La pregunta en los tribunales es si la decisión de los camaristas responde a las relaciones entre los jueces y los dueños del fútbol argentino.