Quinta de Pilar: diez meses de causa paralizada y la Corte Suprema debe definir quién investiga

La investigación sobre la lujosa quinta de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cumple diez meses sin un juez que la conduzca de forma definitiva. En ese lapso, el expediente acumuló recursos, excusaciones y conflictos de competencia que impidieron avanzar sobre las sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta. La parálisis llega ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver quién se queda con la causa.

La propiedad está valuada en unos 25 millones de dólares y es solo una pieza de una pesquisa más amplia sobre el destino de fondos de la AFA. Mientras los tribunales discuten la competencia, las pruebas se deterioran y crece la desconfianza pública sobre los vínculos entre algunos magistrados y personas relacionadas con la entidad investigada.

En los últimos días se conocieron dos medidas que sacudieron esa modorra. Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, una financiera allegada a la AFA, fue detenido por lavado de dinero por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar transferencias por 1,5 millones de pesos y 200.000 dólares que recibió el titular de la AFA, Claudio Tapia, del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El juez federal Ariel Lijo ordenó entonces un exhorto a Suiza.

El cuadro institucional se complica por la superposición de causas. La Justicia ya acumula varios frentes abiertos en torno a la AFA, desde la causa por lavado que salpica a la AFA hasta la discusión sobre la sede que la entidad declara ante la Justicia y la que usa en el exterior.

Tan lejos llegó la indefinición que el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación busca destrabar una disputa que ya consumió diez meses sin resoluciones de fondo.

Las garantías procesales, incluido el derecho al juez natural, son indispensables para cualquier investigación. El problema aparece cuando esas garantías se transforman en coartadas para una parálisis interminable. Cada mes perdido favorece el deterioro de las pruebas y alimenta la sospecha de que, cuando están involucrados el poder y el dinero, la maquinaria judicial encuentra razones para no avanzar.

La causa por la quinta de Pilar se inscribe en un contexto más amplio de causas que involucran a la AFA y a sus dirigentes, con frentes abiertos en distintos fueros. El caso también dialoga con otras discusiones sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino, como la relación entre la Justicia y la calidad de la democracia.

No se trata de anticipar condenas ni de desconocer derechos. Se trata de exigir que la Justicia cumpla su función elemental: investigar con independencia, diligencia y sin privilegios. La Argentina necesita jueces que investiguen, no tribunales que se disputen el derecho a hacerlo mientras nada cambia.