La caída en la recaudación agrava la crisis del PAMI
La obra social de los jubilados enfrenta un déficit estructural y tensiones internas mientras el Gobierno busca soluciones sin afectar el equilibrio fiscal.

La obra social de los jubilados, el PAMI, atraviesa una crisis que se agravó en los últimos diez meses por la caída en la recaudación. El instituto, que cuenta con 5,4 millones de afiliados, es considerado por todos los funcionarios del Gobierno como “deficitario por definición”. Siempre necesitó asistencia del Tesoro, incluso durante la gestión de Javier Milei, que le destinó unos 800.000 millones de pesos entre letras y aportes convencionales.
La eliminación del impuesto PAIS, que destinaba el 70% de lo recaudado al PAMI y a la Anses, profundizó el problema. Si hubiera seguido vigente, este año habría aportado 2,8 billones de pesos, muy por encima de los 1,6 billones que suman los aportes del Tesoro en 2026. Este desfase fue planteado en una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis Caputo, donde Lugones pidió un aumento del 40% en el presupuesto, pero Caputo respondió que no hay margen.
La interna política también juega. Santiago Caputo, jefe político del área de Salud, responsabiliza a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, por el ajuste. Un modo elegante de señalar al ministro, tío segundo suyo. Si se cediera el 40% que pide Lugones, el monto equivaldría al 0,44% del PBI, lo que pondría en riesgo el superávit financiero del 0,3% que ostenta la Argentina.
El PAMI es otra manta corta para una administración que basa su fortaleza en el equilibrio fiscal. Los directores ejecutivos, Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, estuvieron cerca de renunciar por desacuerdos internos y fueron contenidos por Lugones. La salida no está a la vista, aunque algunos sectores libertarios proponen transferir recursos a las provincias, como ya se hace con Chubut y Catamarca.
La pirámide poblacional tampoco ayuda: el PAMI tiene 6000 afiliados de más de 100 años, pero se nutre de los aportes del 3% de los trabajadores activos y de un porcentaje de los jubilados. Esto genera tensiones con los prestadores, como el Sanatorio de Concordia, que envió una carta documento anunciando el fin de la atención a 15.000 afiliados. La semana pasada, varias clínicas y sanatorios dejaron de atender en protesta.
El presupuesto del PAMI aumentó un 37,5% desde que asumió Milei, muy por debajo de la inflación del 329%. Los nomencladores, que fijan las tarifas a los prestadores, subieron apenas 8% este año frente a un IPC del 19%. Esto explica los conflictos con los centros de salud de Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa.
Las 38 unidades de gestión local y las más de 600 agencias del PAMI en todo el país están conducidas, en muchos casos, por autoridades que responden a acuerdos territoriales libertarios, bajo las órdenes de Karina Milei. Desde el sector de Santiago Caputo miran con desconfianza los paros en las prestaciones, ya que no está clara la naturaleza de lo que se discute.
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