La fiscalía exige a Economía identificar a los funcionarios que aprobaron las SIRA

El fiscal federal Franco Picardi reclamó de manera urgente al Ministerio de Economía que en 72 horas informe la identidad de los funcionarios que estaban autorizados a aprobar las solicitudes de importación (SIRA) durante la gestión de Sergio Massa, entre 2022 y 2023. Además, insistió ante el juez federal Ariel Lijo para que levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de un grupo de empresarios, entre los que se encuentra un excandidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

La fiscalía retomó así el impulso en la investigación contra financistas y cueveros que obtenían dólares al precio oficial durante el cepo y los vendían en el mercado paralelo con ganancias millonarias. En la misma causa se investiga a funcionarios del Banco Central y a una supuesta organización que cobraba comisiones de entre 10% y 15% para facilitar el acceso a divisas.

Picardi había pedido estos datos el 17 de julio a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, pero consideró que la respuesta no satisfacía íntegramente lo requerido. Por eso volvió a solicitarlos con carácter urgente y un plazo de 72 horas. El fiscal quiere conocer el cargo y el alcance de cada usuario autorizado a operar el Sistema Informático Malvina (SIM), la plataforma donde se tramitan las declaraciones de comercio exterior.

En particular, busca identificar quiénes podían habilitar o intervenir en la autorización de importaciones mientras rigió la SIRA, y obtener detalles sobre la asignación de usuarios a la Secretaría de Comercio y sus dependencias. También pidió conocer los parámetros y criterios utilizados para aprobar, observar o rechazar las solicitudes, así como el procedimiento administrativo e informático aplicable.

La investigación se centra en dos empresas: NEMES S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., que importó autoelevadores y repuestos por 54.600 dólares, y Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. En el expediente consta que Ariel Saponara, en representación de la primera firma, contactó a Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara, para destrabar las declaraciones. Los chats revelan que Migueles confirmó la aprobación inminente y que Héctor “Pipo” Caputto también participó en la gestión.

La Secretaría de Comercio confirmó que ambas empresas accedieron al dólar oficial. Durante 2023, esa secretaría estuvo a cargo de Matías Tombolini, quien fue sobreseído en esta causa. Picardi también ordenó incorporar los listados de llamadas de Caputto y Patricio Guido Marre, presuntos intermediarios, para rastrear sus vínculos con funcionarios.

En paralelo, la fiscalía avanza en la investigación del “rulo”, el mecanismo por el cual se compraban dólares al precio oficial, se adquirían bonos y se vendían a dólar MEP. Picardi reiteró por tercera vez el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los hermanos Napoli, tres operadores cambiarios y una empresa de maquinaria vial. También intimó a cinco sociedades de bolsa que no respondieron.

Los alcanzados son Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma COWDIN S.A. Los Napoli son accionistas de Napoli Inversiones. Juan Napoli preside el Banco de Valores y fue candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en 2023, pero no resultó electo. Su nombre apareció en la ruta del dinero a partir de un sumario del Banco Central que lo vinculó con un “rulo” de compra de dólares y venta a MEP.