Los Ángeles gana batalla contra Trump: juez desestima demanda por política de ciudad santuario

El gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra Los Ángeles, California, por su condición de ciudad santuario. Sin embargo, un tribunal desestimó la presentación bajo el argumento de que los gobiernos locales tienen autoridad para determinar cómo regular a sus agentes y fuerzas de seguridad.

La demanda contra la ciudad de Los Ángeles llegó tras la ordenanza municipal de limitar la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración. Luego de la presentación, un juez la rechazó.

Según pudo saberse, el magistrado federal Fernando Olguin rechazó el argumento de que la política de la ciudad era inconstitucional ya que, en su opinión, tiene libertad para decidir sobre las acciones de las fuerzas policiales locales.

Tras la desestimación de la demanda del gobierno de Trump contra Los Ángeles, la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, celebró la decisión y aseguró que está preparada para futuras acciones judiciales. “El fallo reafirma la rectitud y nuestro compromiso de proteger a los migrantes y a todos los angelinos de los ataques de la administración en todos los frentes. Sabemos que podrían apelar y estaremos preparados”, dijo en declaraciones a la prensa.

En Los Ángeles, las leyes prohíben a los empleados municipales recabar información sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que sea necesario para prestar un servicio. Además, se consideran confidenciales los datos que puedan utilizarse para rastrear las condiciones migratorias.

Al respecto, la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, dijo en declaraciones a la prensa que el objetivo de la ordenanza y de las políticas de inmigración que aplica el Departamento de Policía de la ciudad es alentar a las víctimas y testigos de delitos a denunciar o solicitar ayuda sin importar su estatus migratorio. En su visión, considera que no se obstaculizan ni se impiden las operaciones federales legítimas de control de inmigración.

La administración Trump basa sus demandas en el argumento de que EE.UU. se enfrenta a una crisis de inmigración ilegal y que los esfuerzos para abordar el problema se ven obstaculizados por ciudades santuario que se niegan a cooperar con las autoridades federales.