Lula, la condena anulada y el camino a la presidencia: la historia judicial

La polémica declaración del presidente argentino Javier Milei sobre Luiz Inácio Lula da Silva reavivó el debate sobre uno de los procesos judiciales más controvertidos de Brasil. Milei calificó a Lula como “ladrón” y “corrupto” y sostuvo que fue liberado por una “falla administrativa del procedimiento”, no por ser inocente. Sin embargo, la Justicia brasileña utilizó otros términos para anular las condenas: incompetencia y parcialidad.

Lula nunca fue absuelto ni declarado inocente, pero tampoco tiene condenas vigentes, por lo que ante la ley es considerado inocente. En 2021, el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló los dos fallos que lo enviaron a prisión, al concluir que el entonces juez Sergio Moro fue parcial y que las causas se tramitaron en un tribunal sin competencia. Las pruebas nunca se reevaluaron: los expedientes se cerraron por prescripción.

El origen del caso se remonta a la Operación Lava Jato, que destapó una red de sobornos en contratos con la petrolera Petrobras. En julio de 2017, el juez Moro, entonces a cargo de la 13ª Vara Federal de Curitiba, condenó a Lula a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. La acusación sostenía que Lula había recibido de la constructora OAS un tríplex en Guarujá a cambio de favorecer a la empresa. Un año después, un tribunal federal confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.

Con la condena confirmada en segunda instancia, Moro ordenó la detención de Lula, quien se entregó el 7 de abril de 2018 y quedó preso en Curitiba. La detención se basó en la jurisprudencia del STF que permitía encarcelar a condenados antes de agotar los recursos. Lula pasó 580 días detenido, hasta que en noviembre de 2019 el STF cambió su criterio y exigió el agotamiento de todos los recursos antes de la prisión, lo que permitió su liberación.

Pero el camino hacia la anulación definitiva tuvo un hito clave: la revelación de mensajes filtrados por The Intercept en 2019, conocidos como “Vaza Jato”, que mostraron conversaciones entre Moro y los fiscales donde el juez sugería estrategias, alimentando las sospechas de parcialidad. En marzo de 2021, el juez del STF Edson Fachin anuló todas las condenas de Lula en Curitiba por falta de competencia, ya que los casos no tenían relación directa con Petrobras. La Segunda Sala del STF fue más allá y declaró la parcialidad de Moro en el caso del tríplex, señalando hechos como la espectacularización de la conducción policial de Lula en 2016, el pinchado de teléfonos y la difusión selectiva de escuchas.

La anulación devolvió a Lula sus derechos políticos, lo que le permitió competir y ganar las elecciones presidenciales de 2022. Las causas pasaron a la Justicia Federal de Brasilia, pero nunca se reabrieron: la fiscalía pidió su archivo por prescripción, ya que los plazos se reducen a la mitad para mayores de 70 años. Así, técnicamente, Lula no fue absuelto por inocencia, sino que el proceso fue anulado por vicios procesales.

Milei lo resumió como una “falla administrativa”. La Justicia brasileña usó otros dos términos: incompetencia y parcialidad. Ninguno de los dos es el que eligió el presidente argentino.

Fuente: Lanacion.