Tensión en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros

El Gobierno de Javier Milei recibió con incomodidad y preocupación el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, al reponer la vigencia del artículo 154 del megadecreto 70/2023. La decisión del tribunal reabre un debate que, según admiten en Balcarce 50, había sido desfavorable para el oficialismo y que ahora vuelve al centro de la agenda política.

Desde París, donde encabeza el foro Argentina Week, el presidente evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia. En contacto con el Coloquio de Idea que se realiza en Mar del Plata, Milei afirmó: “No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema”. Y agregó: “Es decisión de ellos, me parece fantástico que bajen lo que les parezca correcto acorde a la Constitución”.

En la Casa Rosada, en cambio, el tono fue más cauto. “Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, reconocieron desde un despacho oficial de peso. Las fuentes advirtieron que el fallo “pone en riesgo el DNU” que incluye no solo la derogación de la ley de tierras, sino también un abanico amplio de reformas: la nueva ley de alquileres, la desregulación de obras sociales y medicina prepaga, y las privatizaciones de empresas públicas.

El antecedente inmediato es el rechazo que el Senado dio al decreto el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones. La norma igual quedó vigente porque la oposición no logró reunir los votos necesarios en Diputados para voltearla. Ahora, a partir del fallo, la diputada Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del DNU “ya mismo” y sostuvo: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.

Bregman, como otros legisladores opositores, trabaja en alternativas para forzar una sesión especial. Según pudo saber este medio, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con aliados de centro —el Pro y gobernadores— para contrarrestar esos intentos. Cerca del titular de la Cámara baja aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referirse a los tiempos del tribunal.

“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, distante del ala política que lidera Karina Milei y que tiene a Martín y a Eduardo “Lule” Menem como principales ejecutores. En ese sector destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo total del DNU.

“Si eso ocurre, el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas”, advirtió López. Es el argumento que el Gobierno ya usa en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.

La Corte desestimó la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Fuentes judiciales explicaron que el tribunal consideró que la asociación no tiene legitimación para cuestionar el DNU y que tampoco existe un caso judicial concreto, como una compra que haya generado un daño.

El Gobierno ya había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Sin consenso suficiente, el oficialismo modificó por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.