Malvinas: dos jueces envían exhortos a Gran Bretaña e Israel por la explotación petrolera

Los jueces federales Julián Ercolini y Ariel Lijo enviaron exhortos diplomáticos, a través de la Cancillería, a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel en las causas que investigan la explotación petrolera en cercanías de las Islas Malvinas. Las medidas buscan identificar a los responsables legales de las empresas denunciadas por el Gobierno nacional por operar sin autorización argentina.

La decisión de Ercolini respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una denuncia inicial contra la firma israelí Navitas. La de Lijo, en tanto, fue solicitada por el fiscal Carlos Stornelli, que busca información sobre Rockhopper Exploration PLC y dos de sus subsidiarias, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Ambas medidas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei afirmara en la Asamblea General de la ONU que Malvinas es una causa nacional y reiterara las denuncias por la explotación "clandestina" de estas compañías en torno a las islas.

Las firmas llevan adelante el proyecto de exploración en la plataforma continental argentina denominado Sea Lion, sin autorización del gobierno argentino, por lo que fueron denunciadas. En la causa de Ercolini, las primeras medidas fueron impulsadas por el fiscal Ramiro González, ya que Taiano estaba de licencia en la semana en que se presentó la denuncia.

Ercolini hizo lugar a esos requerimientos iniciales, que incluyen pedidos de información a la Secretaría de Energía para constatar formalmente que Navitas Petroleum no posee concesión, permiso de exploración ni autorización alguna. A la Cancillería le solicitó los antecedentes de protestas diplomáticas formales o comunicaciones oficiales emitidas contra las filiales de Navitas por sus actividades en el área de las islas.

A Israel y Gran Bretaña les pidió identificar formalmente a los integrantes del directorio y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales en el proyecto. El objetivo es fijar las responsabilidades penales individuales ante eventuales solicitudes de declaración indagatoria o imputaciones formales.

El juez también busca establecer el lugar exacto de la explotación, por lo que requirió informes del Servicio de Hidrografía Naval para certificar que las coordenadas de exploración y los yacimientos se encuentran dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la República Argentina.

En el caso de Lijo, el magistrado hizo lugar a la totalidad de las medidas pedidas por Stornelli cuando amplió la acusación por la explotación petrolera "clandestina" y sumó como imputadas a estas firmas. Lijo quiere saber del Reino Unido la composición del grupo Rockhopper y de Israel la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

La causa había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado. Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía: la 130/2012, que declaró esas actividades "ilegales y clandestinas", y la 457/2013, que inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país.

Con la ampliación del fiscal y los datos enviados por Cancillería, el juez estableció que Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero junto a Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, a Navitas Petroleum Development and Production Limited.

El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en el área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.

Se trata de la misma empresa que hace 15 días fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion. La jueza entendió que la firma nunca tramitó la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.

Lijo, a pedido de Stornelli, también solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas. Además, pidió que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas y que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.