Cristóbal López se quedó con una concesión clave de rutas y reavivó el debate por la corrupción

El empresario Cristóbal López se adjudicó la concesión del Tramo Portuario Norte, un corredor vial estratégico que incluye una parte de la ruta nacional 9, un tramo de la ruta 33 y la circunvalación de Rosario. La licitación pública no registró objeciones formales, pero la decisión volvió a instalar la pregunta sobre si alcanza con cumplir los requisitos mínimos cuando está en juego la administración de bienes públicos estratégicos.

La constructora de López, CPC, le ganó por un margen mínimo a Panedile, de Hugo Dragonetti. Otras compañías vinculadas a la causa de los cuadernos de las coimas también resultaron precalificadas o beneficiadas con el plan de mantenimiento de rutas, pese a que sus directivos estuvieron procesados o declararon como arrepentidos en la megacausa por sobornos a funcionarios del gobierno kirchnerista.

López y su socio Fabián de Sousa apalancaron el crecimiento de su holding, el Grupo Indalo, con el equivalente a unos 1000 millones de dólares en impuestos que debían girar a la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que retuvieron durante años. El mecanismo consistió en quedarse con fondos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles cobrados a los consumidores para usarlos como capital de trabajo.

No fue la única vez que el Estado debió reclamarle fondos retenidos. En 2017 se le rescindió la concesión del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas por incumplimientos contractuales que incluyeron la retención de recursos que debía transferir al Estado. La empresa arrastró después un concurso preventivo del que solo salió en 2025.

Por esa maniobra contra la AFIP, López y De Sousa afrontan desde hace una década un proceso penal que se abrió tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon. Ese expediente ya registra un culpable con condena firme: Ricardo Echegaray, el primer extitular del organismo tributario en la historia argentina condenado por defraudar al Estado nacional.

López y De Sousa fueron absueltos por mayoría por un tribunal oral federal y la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión. Pero el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que corresponde revocar la absolución y la Corte Suprema ordenó un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios del máximo tribunal. La discusión judicial sigue abierta.

A eso se suma que López está entre los acusados en el juicio oral por los cuadernos de la corrupción y debe afrontar otro proceso por su presunto papel en la trama de lavado de activos vinculada a los hoteles e inmuebles de la familia Kirchner.

En las democracias con estándares de transparencia, para las contrataciones públicas no solo se evalúa la capacidad técnica y económica de los oferentes. También se contemplan criterios de integridad, cumplimiento y riesgo reputacional. Organismos internacionales como la OCDE promueven ese enfoque desde hace años como parte de las mejores prácticas en compras y concesiones públicas.

En la Argentina rige el principio de inocencia, piedra basal de la Constitución Nacional. La cuestión de fondo es otra: si el Estado va a premiar con negocios a quienes debería mantener alejados de la administración de bienes públicos. El Estado no está obligado a contratar a cualquiera que reúna los requisitos mínimos para presentar una oferta. También tiene la responsabilidad de fijar estándares de integridad acordes con la magnitud de los intereses públicos que delega.