Mamdani demanda la regla de carga pública de Trump y admite diálogo con la Casa Blanca

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impugnar la nueva norma de carga pública que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a aplicar el 18 de septiembre. Al anunciar la acción judicial, el mandatario municipal aseguró que mantiene un diálogo continuo con el gobierno federal sobre políticas de inmigración.

La presentación se realizó el 14 de septiembre, cuatro días antes de que la disposición entrara en vigencia. La ciudad de Nueva York actuó junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King, en Washington.

“Hoy nos reunimos aquí convencidos de que Nueva York es la mejor ciudad del mundo, en gran parte gracias a los inmigrantes que la construyeron. Los inmigrantes sentaron las bases de nuestros puentes y erigieron torres que se elevan hacia el cielo”, afirmó Mamdani durante el anuncio.

En un comunicado de prensa de su oficina, el alcalde sostuvo que “los inmigrantes son neoyorquinos” y cuestionó con dureza la política migratoria de la administración republicana. “El gobierno federal emprendió una campaña de violencia y terror. Los menores no acompañados se vieron obligados a desenvolverse solos en nuestro sistema judicial. El ICE irrumpió en los hogares, lugares de trabajo y escuelas de nuestros vecinos”, señaló.

Consultado por el público sobre si habló con el presidente acerca de la norma, Mamdani respondió: “El presidente y yo mantenemos un diálogo constante sobre la política migratoria. Ambos hemos dejado muy claro que tenemos profundas discrepancias en este tema, ya sea en lo que respecta a las redadas del ICE, las protecciones del TPS o la carga pública”.

El alcalde remarcó que el desacuerdo persiste y anticipó consecuencias negativas para la ciudad. “Mi argumento es que esta norma perjudicará a esta ciudad. Todos estamos unidos en nuestro compromiso de protegerla, y haremos todo lo posible, hablaremos con quien podamos, para garantizar la protección de los neoyorquinos”, completó.

La nueva disposición del DHS establece cómo los oficiales del Uscis deberán evaluar la posibilidad de que una persona que solicita el ajuste de estatus se convierta en una carga pública. El criterio se aplica a los formularios I-485 sujetos a esa causal presentados de manera electrónica o postal desde el 18 de septiembre de 2026.

La guía de la agencia, encuadrada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, fija cinco factores que los oficiales deben considerar. Para los beneficios recibidos desde esa fecha, el Uscis puede analizar cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del examen general del solicitante, entre ellos asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria y cobertura de salud financiada por el gobierno.

Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizan bajo el criterio anterior. En esos casos, solo se consideran determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal.

El litigio, caratulado City of New York et al. v. United States Department of Homeland Security et al., No. 1:26-cv-07982, fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Al 30 de septiembre, la causa sigue abierta y no obtuvo una orden judicial que suspenda la nueva regla. Según el expediente, tiene una conferencia inicial fijada para el 9 de octubre.

La ciudad sostiene que el DHS excedió su autoridad al ampliar de manera considerable qué beneficios públicos pueden tenerse en cuenta para determinar si una persona puede ser considerada carga pública. La demanda argumenta que la nueva interpretación se aparta del significado histórico del concepto y que la agencia actuó de manera contraria a la Administrative Procedure Act (APA).