Marset negocia un acuerdo en EE.UU.: 22 GB de pruebas y la red que sigue matando
El narco uruguayo enfrenta hasta 20 años de prisión mientras su organización se desmorona en violencia; un cargamento de cocaína llegó al norte de Santa Fe.


Un teléfono iPhone hallado en una caja fuerte de la mansión donde Sebastián Marset fue capturado en Bolivia el 13 de marzo se convirtió en prueba central del proceso judicial que enfrenta el capo narco uruguayo en Virginia, Estados Unidos. El dispositivo, peritado en territorio norteamericano, forma parte de un acervo de 22 gigabytes de evidencia digital y documental que la fiscalía federal reunió contra él por conspiración para cometer lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
El volumen de pruebas equivale a más de cuatro millones de páginas de texto. Según el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff, el expediente incluye comunicaciones interceptadas en varios idiomas, registros financieros internacionales y documentación obtenida mediante cooperación judicial con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia. La acusación sostiene que Marset lideró una estructura criminal dedicada al envío de toneladas de cocaína desde América del Sur hacia Europa y al lavado de millones de dólares y euros.
El peso de esa evidencia empuja a Marset hacia una posible negociación. La audiencia preliminar prevista para el 20 de mayo fue suspendida y reprogramada para el 1° de julio, luego de que fiscales y defensores solicitaran más tiempo para negociar un acuerdo de culpabilidad. Según documentos judiciales, el propio Marset firmó un escrito confirmando que comprende sus derechos y que revisó la solicitud con su defensa.
Si acepta declararse culpable, deberá colaborar con información sobre la estructura y operaciones de su organización a cambio de una eventual reducción de la pena de hasta 20 años de prisión. Su equipo legal está encabezado por el abogado uruguayo Santiago Moratorio y fue reforzado con la incorporación del exfiscal federal Gene Rossi, especialista en crimen organizado.
El hallazgo de las cajas fuertes tuvo su propia trama. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que fueron cuatro las cajas incautadas, no tres. Dos estaban en la mansión del barrio Las Palmas donde dormía Marset; las otras dos, en una hacienda de su propiedad. Las últimas fueron abiertas públicamente ante fiscales y bomberos: contenían solo tornillos.
La caja decisiva albergaba dinero en dólares, euros, reales y bolivianos; joyas y relojes de alto valor; tarjetas bancarias; pasaportes falsificados —entre ellos uno español con el que Marset habría viajado por países del Golfo Pérsico, Paraguay, Uruguay y la Argentina—, y el iPhone. La policía retuvo esa caja sin informar a la fiscalía y la trasladó a una bóveda bancaria en La Paz. Cuando intentaron entregarla al Ministerio Público, los fiscales rechazaron recibirla por considerar que la cadena de custodia estaba contaminada.
El comandante general de la policía boliviana, Mirko Sokol, señaló que esperan que el peritaje norteamericano permita identificar a todos los involucrados en la red. "La información que se obtenga servirá para iniciar investigaciones en el país contra todos quienes hayan estado implicados", afirmó, y anticipó que las indagaciones alcanzarán a civiles y autoridades de distintas instancias del Estado.
Durante el operativo también fueron incautadas computadoras, tablets, documentos y bienes valuados en aproximadamente 15 millones de dólares: seis viviendas, dos aeródromos, 16 aeronaves —11 operativas— y varios vehículos de alta gama. Las autoridades bolivianas admitieron que parte del entorno de Marset logró huir, lo que explicaría la ausencia de mayores cantidades de efectivo en los inmuebles intervenidos.
A dos meses de la captura, la violencia derivada de la disputa por los restos de su organización no cesa. El 26 de abril, un sicario colombiano asesinó a José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, un piloto de rally de 29 años que era según la Felcc el piloto de avionetas de Marset y el hombre que se perfilaba como su sucesor operativo. La Policía lo ubicaba en la "tercera línea" de la organización.
La fiscalía amplió la investigación contra Erland Ivar García López, alias El Colla, señalado como presunto autor intelectual del crimen. El Colla fue durante años la mano derecha y testaferro de Marset en Bolivia, pero la relación se quebró: en octubre de 2025, publicó un video acusando a Marset de secuestrar a su esposa e hija. Marset respondió con otro video rodeado de encapuchados con insignias del PCC brasileño, llamándolo "sapo" y amenazándolo de muerte. Su paradero es desconocido; las autoridades sospechan que huyó a Paraguay.
El comandante departamental David Gómez amplió el cuadro de sospechosos: "Existe la probabilidad de que tanto el PCC, el Comando Vermelho y El Colla estén vinculados como autores intelectuales o materiales". La captura de Elkin Deivi Bravo Omen, quien según la investigación cobró 27.000 bolivianos por seguir a Pepa durante más de un mes, fue el primer avance concreto.
La muerte de Pepa tiene ramificaciones directas en la Argentina. Un número de teléfono con característica de la localidad santafesina de Videla, al que Rojas Velasco llamaba desde Bolivia, fue el dato que la DEA proporcionó a la Policía Federal Argentina (PFA). Esto derivó, el 5 de este mes, en la incautación de 442 kilos de cocaína en el norte de Santa Fe, conectando directamente la red criminal con territorio argentino.
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