Mendoza: cinco perros fueron "testigos de honor" en un matrimonio y generaron polémica
El Registro Civil mendocino autorizó que las mascotas dejaran sus huellas en un acta simbólica, aunque no tuvieron validez jurídica.

El Registro Civil de Mendoza autorizó que cinco perros participaran como "testigos de honor no humanos" en un matrimonio y dejaran las huellas de sus patas en una hoja habilitada para la ocasión. La medida, instrumentada mediante una resolución administrativa, generó un debate sobre los límites de la función pública y el reconocimiento oficial de los vínculos afectivos con los animales.
La aclaración central es que los perros no fueron testigos en sentido jurídico. El acta matrimonial debía ser suscripta por los testigos humanos que exige el Código Civil y Comercial. Los animales recibieron apenas una distinción simbólica, sin efecto legal alguno.
La distinción importa, pero no despeja la incomodidad. Un testigo existe para dar fe de un hecho que presenció, reconocerlo y responder por la veracidad de su declaración. Su intervención tiene una finalidad jurídica, no decorativa. Un perro puede ser fiel, perceptivo y capaz de reconocer a su dueño entre centenares de personas, pero no puede declarar ni asumir las consecuencias legales de un matrimonio.
Por eso no puede ser testigo. Ni siquiera "de honor", una expresión que parece destinada a dar respetabilidad a una función que, en este caso, carece de contenido. Nada impide que dos personas se casen acompañadas por sus animales ni hay razón para cuestionar el afecto que les tienen. La pregunta es otra: por qué debe intervenir el Estado para dar reconocimiento administrativo a ese afecto.
La solicitud presentada en Mendoza requirió la intervención del Registro Civil, su asesoramiento jurídico y una resolución de su director. Todo para autorizar que cinco perros dejaran sus huellas en una hoja sin valor jurídico. Se argumentó que la medida no ocasionó gastos al Estado. Puede que no haya requerido una partida presupuestaria especial, pero los funcionarios cobran sueldos, las oficinas tienen costos y el tiempo dedicado a estas cuestiones es tiempo que no se destina a otras tareas.
La administración pública no existe para satisfacer todos los deseos simbólicos de los particulares. La resolución deja además una pregunta sin respuesta: ¿dónde termina la lista zoológica? Si un perro puede ser testigo de honor, ¿por qué no un gato, un periquito que acompañó a su dueño durante 20 años o el caballo manso de la infancia?
¿Deberá el Registro Civil examinar en cada caso la intensidad del vínculo afectivo entre el solicitante y el animal propuesto? ¿Habrá que acreditar años de convivencia, lealtad u obediencia? ¿Y qué pasará si alguien pide la participación de una tortuga centenaria, cuya longevidad la convertiría en testigo privilegiado de varias generaciones familiares?
El absurdo no está en querer a los animales. Está en pretender que el Estado transforme ese cariño en una categoría administrativa. La separación entre la vida privada y la función pública no es un capricho burocrático: es una garantía de que los organismos estatales dediquen sus recursos a las finalidades para las que fueron creados.
Un Registro Civil debe asegurar la identidad de las personas, documentar los hechos y actos que la ley le encomienda y preservar la seguridad jurídica de sus registros. No necesita convertirse en una oficina de certificación de sentimientos. Lo más llamativo es que la propia autoridad mendocina reconoció que los animales no podían desempeñar la función solicitada. En lugar de explicar esa imposibilidad, decidió inventar una categoría simbólica para satisfacer el pedido.
Es una muestra pequeña de una tendencia más amplia: la dificultad creciente para decir que no, aun cuando la respuesta negativa sea razonable. No todo deseo merece una resolución. No toda emoción necesita reconocimiento oficial. Y no toda ocurrencia privada debe convertirse en una innovación administrativa.
Quizá haya llegado el momento de recordar que la sensatez también es una virtud pública. Y que, para ejercerla, no hace falta convocar a ningún testigo de cuatro patas.
Por qué importa
La decisión expone hasta dónde puede llegar el Estado para reconocer pedidos simbólicos de particulares, con funcionarios, asesoramiento jurídico y resoluciones dedicadas a algo sin efecto legal.
Qué sigue
No hay un paso formal pendiente: la resolución ya se aplicó y el matrimonio se celebró. El debate sobre los criterios del Registro Civil mendocino para admitir pedidos simbólicos queda abierto.
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