Cristina Kirchner suma una consultora británica y abogados extranjeros: la pregunta es quién paga

La expresidenta Cristina Kirchner decidió llevar al escenario internacional la batalla judicial que perdió en la Argentina. Condenada por corrupción con sentencia firme e inhabilitada para ejercer cargos públicos, recurrió a instancias internacionales y a profesionales extranjeros para cuestionar los fallos que determinaron su responsabilidad. Ahora se conoció que una consultora británica de comunicación hizo gestiones en Estados Unidos para promover su posición ante organismos oficiales y medios periodísticos.

A la defensa jurídica se sumó así una campaña internacional de relaciones públicas destinada a recomponer su imagen. La operación combina estudios jurídicos del exterior con especialistas en comunicación, un despliegue que por su escala y sofisticación difícilmente pueda sostenerse con recursos menores.

La situación encierra una ironía difícil de pasar por alto. Quien durante años denunció la influencia de intereses extranjeros sobre la política argentina recurre ahora a consultores británicos y profesionales estadounidenses para procurar su reivindicación internacional. Contratar servicios profesionales en el exterior no tiene nada de objetable. Lo llamativo es la facilidad con que ciertos principios, proclamados con vehemencia cuando servían para cuestionar a los adversarios, pierden peso cuando se trata de defender intereses propios.

No sería la primera contradicción en su trayectoria. La expresidenta explicó alguna vez el origen de su patrimonio invocando su condición de “exitosa abogada”. Las investigaciones periodísticas sobre los comienzos del matrimonio Kirchner en Río Gallegos describieron su intervención en actividades de cobranza y ejecución de créditos durante los años de la célebre circular 1050, además de la adquisición de numerosas propiedades en un contexto de dificultades económicas para sus deudores. La propia interesada rechazó que esos inmuebles se hayan comprado en remates judiciales. La controversia histórica persiste: cuesta conciliar la posterior condena política de aquel modelo económico con los beneficios que, según esas investigaciones, el matrimonio obtuvo de las oportunidades inmobiliarias que generó su crisis.

La contratación de abogados y especialistas en comunicación extranjeros plantea preguntas concretas. La primera es tan sencilla como incómoda: ¿quién paga? Los servicios de estudios jurídicos internacionales y consultoras de relaciones públicas no suelen ser económicos. ¿Se solventan con el patrimonio personal de la expresidenta? ¿Los financian sus partidarios? ¿Hay terceros que aportan fondos para sostener esta campaña? Y en tal caso, ¿quiénes son y qué intereses los impulsan?

Hay otra circunstancia que vuelve pertinentes esas preguntas. La condena dio lugar a medidas patrimoniales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del proceso. Si es ella quien financia estos servicios, cabe preguntarse de qué fondos dispone, dónde están y si figuran entre los bienes alcanzados por esas medidas. El avance del decomiso de bienes sigue frenado a 17 meses de la condena.

Llama también la atención que, existiendo en la Argentina profesionales de reconocida competencia en derecho internacional y derechos humanos, se haya optado por contratar especialistas radicados en el exterior. La elección es legítima, pero agrega otra pregunta: ¿cómo se financian esas contrataciones? ¿Con transferencias desde el país, con fondos disponibles en el extranjero o con aportes de terceros? Ninguna de esas posibilidades demuestra por sí misma una irregularidad. Pero es difícil justificar que una campaña que reclama transparencia institucional deje sin respuesta interrogantes tan elementales.

La transparencia patrimonial debería ser una exigencia rigurosa para quien recibió una condena firme por corrupción y pretende, al mismo tiempo, presentarse ante el mundo como víctima de una injusticia. Existe además una diferencia de fondo entre procurar la revisión de una sentencia y organizar una campaña para desacreditar a las instituciones que la dictaron. Lo primero pertenece al legítimo derecho de defensa. Lo segundo, aunque esté amparado por las libertades individuales, merece un escrutinio político y moral mucho más exigente.

La Justicia argentina recorrió un largo camino hasta llegar a una condena firme. Ese resultado no puede presentarse, sin fundamentos suficientes, como una mera persecución política. Detrás de estos esfuerzos asoma la resistencia de una dirigente a aceptar que su protagonismo político pertenece cada vez más al pasado. La búsqueda de reconocimiento internacional parece prolongar una disputa por la centralidad que las circunstancias nacionales y las decisiones judiciales modificaron de raíz. Sobre ese punto pesan además las tres inhabilitaciones legales que complican su candidatura.

La historia no se reescribe con campañas publicitarias. Tampoco las sentencias se vuelven injustas porque sus destinatarios consigan difundir esa interpretación en medios extranjeros. La expresidenta tiene derecho a defenderse, sus abogados a cobrar honorarios y las consultoras a prestar servicios. Lo que resulta legítimo exigir es que una operación de esta naturaleza no quede rodeada de interrogantes sobre sus fuentes de financiamiento.

La transparencia que se reclama a los gobernantes no debería desaparecer cuando abandonan el cargo, sobre todo si pretenden seguir influyendo en la vida política del país. La reivindicación pública puede intentarse de muchas maneras. Cuando se procura mediante costosas campañas internacionales, corresponde explicar primero quién paga la cuenta.