Presupuesto 2027: el Gobierno acepta cambios en discapacidad y busca un dictamen consensuado

El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el apartado de discapacidad del proyecto de presupuesto 2027, después de la polémica que generó la eliminación de la actualización obligatoria de las prestaciones y la habilitación a obras sociales y prepagas para fijar sus propios precios. Fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso confirmaron que se trabaja en una nueva redacción, aunque la Casa Rosada no piensa ceder en todos los puntos objetados.

La intención oficial es alcanzar un dictamen "superador" que reemplace la lógica de emergencia por una legislación permanente. "Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen", afirmó una alta fuente de la gestión nacional.

El conflicto se desató cuando el proyecto enviado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, eliminó la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad. La medida no había sido acordada en la mesa política del oficialismo, según reconoció la senadora Patricia Bullrich, y dejó esquirlas en la relación con los aliados de Pro y la UCR.

Para destrabar la situación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo una reunión virtual con la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, encargada de la negociación con los aliados por discapacidad. Luego se sumó el jefe del bloque de Diputados, Martín Menem. De ese intercambio surgió el punteo que el Ejecutivo pondrá a disposición de los legisladores.

La estrategia oficial consistirá en plantear en comisión que, en lugar de prorrogar una emergencia que vence a fin de año, es necesario lograr una legislación permanente. Así, sostendrán los libertarios, se podrán reflejar objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control en el presupuesto 2027. También criticarán la propuesta del kirchnerismo de extender la emergencia, al considerar que representa continuar con un modelo excepcional.

Otra fuente al tanto de las conversaciones fue más precisa: "El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio". Las tensiones internas entre los negociadores, con la dupla Santilli-Menem, y los fiscalistas, alineados con Caputo y el presidente Javier Milei, se plasmarán en la próxima reunión de mesa política, prevista para el martes.

Si los aliados aceptan el nuevo texto, la intención del Gobierno es lograr un dictamen favorable el miércoles próximo, como establecía el plan original. A partir de ahí se abren distintas opciones: tratar únicamente discapacidad y lograr la media sanción, esperar a que se dictamine sobre morosidad e ir a sesión con ambos temas, o sacar dictamen de discapacidad y canalizar los cambios a través del presupuesto. Esta última alternativa es la que toma más fuerza en el ala política de la administración nacional.

"Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea", aseguraron fuentes importantes del Ejecutivo.

En paralelo, el Congreso debatirá la propuesta del Ministerio de Economía para que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el resto de las asignaciones familiares dejen de actualizarse automáticamente según la inflación de los dos meses previos. Desde la Casa Rosada alegaron que en los tres presupuestos anteriores se estipuló de esa manera y que los legisladores no aprobaron el cambio, por lo que se mantuvo el esquema vigente. En el oficialismo no tienen expectativas de que prospere la anulación de la movilidad.

El Ministerio de Capital Humano aclaró que existe un "compromiso" con garantizar la cobertura de las prestaciones sociales. Más allá de si se mantiene o no la movilidad, esa cartera tiene un acuerdo asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura orbite alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.