Violencia vicaria: dos proyectos para proteger a los chicos esperan en el Congreso

Dos proyectos que buscan crear un régimen integral de prevención, protección y reparación frente a la llamada “violencia vicaria” aguardan tratamiento en el Congreso. La iniciativa apunta a los casos en que los hijos quedan atrapados en las peleas judiciales de sus padres y son usados como herramienta del conflicto, ya sea por la tenencia, el régimen de visitas o las cuestiones económicas.

Según datos de la organización Infancia Compartida, en el 54% de los casos judicializados en la provincia de Buenos Aires la figura del abogado del niño estuvo ausente. Esa presencia, que da voz al deseo de los menores dentro del proceso, es clave y no debe confundirse con el rol del asesor de menores, que pide lo que como adulto considera mejor para el chico.

El punto de partida es una constatación: cuando un conflicto familiar se judicializa, las demandas civiles y penales suelen entrelazarse y terminar involucrando a los niños. Los vaivenes de la causa pueden demorar las resoluciones y estirar durante años las consecuencias emocionales, que se pagan caras cuanto más se prolongan.

“Los niños deben ser ante todo protegidos para no recibir los embates de la batalla que libran sus progenitores y que ellos no eligieron”, sostiene el planteo que impulsa el debate. La advertencia alcanza incluso a los casos de sustracción de menores, donde los hijos no pueden ser tomados como rehenes.

El texto recuerda el caso del médico Pablo Ghisoni, privado de su libertad durante tres años en un proceso que incluyó denuncias de abuso sexual presentadas por su hijo, quien después confesó haber sido manipulado por su madre para que mintiera. Para los impulsores de la iniciativa, acusaciones de ese tipo roban años, destruyen familias y siembran desconfianza.

El contexto agrava el problema. Las denuncias de violencia familiar y abusos sexuales están a la orden del día, incluidas las falsas, y el peso de las acusaciones puede llevar a los jueces a dictar con urgencia medidas de protección o exclusión que en algunos casos tardan años en resolverse. El resultado es que los chicos quedan aislados de uno de sus padres o de su familia extendida.

Frente a ese escenario, la posición de abogados, peritos y magistrados aparece como el último resguardo del interés superior del menor. Cuando la voluntad de los padres no se expresa en el sentido correcto, son esos actores quienes deben salvaguardar a los pequeños con conciencia de los efectos que cada decisión tendrá sobre ellos.

La cantidad de años que puede alcanzar una disputa obliga, según el planteo, a tomar todos los recaudos para que el niño esté siempre protegido y para minimizar las consecuencias que las decisiones de los mayores tendrán sobre su vida.