Reclaman al Congreso aprobar la ley Dream and Promise para proteger a trabajadores de la salud

Líderes sindicales, profesionales de la salud y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se movilizaron en Estados Unidos para exigir la aprobación del proyecto de ley American Dream and Promise Act of 2025. La norma ofrecería protección a miles de trabajadores sanitarios que quedaron expuestos al riesgo de deportación tras la pérdida de sus permisos de trabajo y del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La vicepresidenta del sindicato 1199SEIU para la región de Rochester, Tracey Harrison, encabezó los reclamos el 24 de septiembre en el campus del Centro Médico de la Universidad de Rochester. La dirigente destacó que casi el 20% de los cuidadores en hospitales, hogares de ancianos y atención domiciliaria nació fuera del país.

Harrison advirtió sobre el impacto concreto del fin de las protecciones legales para el personal sanitario. “Cuando cancelamos el estatus de protección temporal para países, no renovamos los permisos de trabajo para beneficiarios de DACA e implementamos nuevas prohibiciones de viaje a otros inmigrantes”, declaró.

La sindicalista amplió su diagnóstico sobre las consecuencias en los centros de salud. “Perdemos médicos que nos atienden durante una crisis y brindan atención preventiva; trabajadores de atención domiciliaria que ayudan a nuestros padres, abuelos y seres queridos con discapacidades a vivir en casa con dignidad; trabajadores de apoyo técnico que ayudan a mantener estériles las instalaciones de salud para prevenir la propagación de enfermedades”, sostuvo.

Junto a los representantes de 1199SEIU, la presidenta de la Asociación de Enfermeros de Nueva York, Nancy Hagans, y voceros del Consejo Laboral Central demandaron una solución legislativa. Los manifestantes insistieron en que la pérdida de permisos de trabajo afecta la operatividad de los centros asistenciales en todo el país.

La ley Dream and Promise establece un camino hacia la residencia permanente para beneficiarios del TPS y DACA. El proyecto, reintroducido en febrero de 2025 en la Cámara de Representantes, contempla la cancelación de las órdenes de expulsión y garantiza la renovación de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para esas categorías, que abarcan a numerosos cuidadores y trabajadores de la salud.

Por ahora, la iniciativa permanece en las comisiones parlamentarias del Congreso. Los grupos defensores intensifican las gestiones políticas para lograr la votación del dictamen antes del cierre del ciclo legislativo.

Las restricciones migratorias aplicadas por el gobierno federal ya provocaron bajas de empleados en varios hospitales neoyorquinos. Hagans confirmó que el Centro Médico Maimonides registró la pérdida de dos docenas de trabajadores de la salud.

En paralelo, empleados del Hospital Lenox Hill reportaron la baja de tres compañeros por la revocación de la autorización de empleo ligada al programa para Haití. La medida siguió a un fallo de la Corte Suprema en junio que autorizó el cierre de ese programa migratorio.

La Casa Blanca sostuvo que el TPS es un programa de carácter transitorio. Los dirigentes sindicales, en cambio, advirtieron que la partida del personal extranjero causará demoras prolongadas en la atención de los pacientes.