Reforma previsional: la urgencia que el Gobierno patea hasta después de 2027

La reforma previsional aparece nombrada en cada discurso presidencial y en cada documento que el Gobierno le acerca al FMI. También prometida y hasta calificada de "medular" para el modelo libertario. Pero cada vez que llega el momento de discutirla, algo la corre para más adelante. Primero fue la reforma laboral. Después, la tributaria. La previsional, que define el futuro de más de siete millones de jubilados y pensionados, quedó relegada a una "segunda generación" de reformas que recién empezaría a tratarse después de 2027, y solo si Javier Milei logra la reelección.

El resultado es una paradoja: el país tiene pendiente su reforma estructural más importante y el único consenso construido a su alrededor es el de no tocarla. No se mira, porque exige mostrar los números reales del sistema. No se toca, porque cualquier corrección genuina implica costos políticos que nadie quiere asumir. No se habla, porque hacerlo en serio obliga a discutir edad jubilatoria, régimen de aportes, movilidad de haberes, regímenes diferenciales y sostenibilidad del sistema.

Mientras tanto, el sistema funciona a fuerza de parches: fórmulas de movilidad que licuaron haberes, moratorias que se abren y cierran según la presión del Fondo, y un debate público que se agota en el bono mensual mientras el problema de fondo permanece intacto. El propio Gobierno admite que la previsional es la "principal fuente de desfasaje de las cuentas públicas". Reconocer el diagnóstico, sin embargo, no equivale a actuar sobre él.

La hoja de ruta oficial es explícita: primero laboral, después tributaria y recién entonces la previsional, bajo el argumento de que "no se puede corregir el sistema previsional sin antes aumentar la cantidad de aportantes". El razonamiento tiene lógica aparente, pero esconde una decisión de fondo: postergar lo incómodo. Fuentes oficiales ya admiten que la reforma "queda para un eventual segundo mandato".

La única señal concreta en ese terreno fue de signo contrario a cualquier reforma estructural: el veto presidencial a la ley que actualizaba haberes y bono, sostenido con los aliados en el Congreso. No hubo reforma de fondo, hubo freno a una recomposición de ingresos.

Los números no cierran. El mal llamado gasto previsional llegó a representar 9,5% del PBI en la década anterior y cayó a menos de 5 puntos en el primer trimestre de la gestión de Milei por el efecto licuadora de la devaluación inicial. Desde 2025 volvió a crecer como porcentaje del producto, cuando la estructura demográfica argentina debería ubicarlo entre 4 y 6 puntos. Esa brecha prueba que el sistema creció sin financiamiento genuino.

Desde que el actual Gobierno asumió, en diciembre de 2023, los haberes cayeron entre 21% y 26% en términos reales por la devaluación inicial y la aceleración inflacionaria. En marzo de 2024, el DNU 274 reemplazó la fórmula de movilidad vigente por un esquema atado al IPC, y el bono compensatorio quedó congelado en $70.000, licuándose mes a mes.

Tres años después, la recomposición es desigual. El haber puro, indexado mensualmente por inflación, logró superar levemente a los precios desde diciembre de 2023, pero esa mejora está lejos de compensar lo perdido entre 2020 y 2023. Y no alcanza a quienes cobran la mínima, porque el bono congelado arrastra hacia abajo al haber total: la jubilación mínima con bono acumula una pérdida real de entre 9,7% y 12,5% desde fines de 2023 y en septiembre de 2026 ronda los $498.633 brutos, un monto que no cubre el umbral de pobreza.

La segunda contradicción está en la moratoria. Con el vencimiento de la moratoria general en 2023, buena parte de quienes no alcanzan los 30 años de aportes que exige el SIPA quedó sin vía de acceso a una jubilación contributiva, más allá de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de la jubilación mínima, o de mecanismos residuales que en la práctica son letra muerta.

Frente a ese vacío, el Congreso, con impulso opositor y no del oficialismo, sancionó en 2025 una nueva moratoria que el FMI volvió a calificar como fiscalmente riesgosa y sin financiamiento genuino. El Gobierno, que no la impulsó, respondió acotándola: la segmentó cruzando datos de Ansers y ARCA (ex AFIP), aun así con un costo fiscal que pasó de 0,2% a un proyectado 0,4% del PBI.

Frente a este cuadro, la respuesta oficial es esperar a un eventual segundo mandato. Un gobierno que se define como antítesis de "la casta" responde al problema estructural más urgente del país con el reflejo más típico de la casta que dice combatir: posponer la decisión incómoda, tercerizarla en el tiempo y subordinarla a la variable electoral.

La postergación no es solo un problema de gestión. La seguridad social es un derecho humano sujeto al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad: un Estado puede demorar el avance, pero no retroceder sobre derechos adquiridos "sin justificación sólida". A eso se suma el envejecimiento poblacional, con cada vez menos activos sosteniendo a más pasivos, y la crisis del modelo contributivo clásico, pensado para una economía de empleo formal y estable que ya no existe.

Mientras la discusión sigue estancada en la edad jubilatoria y en la regularización del empleo informal, el mundo del trabajo ya cambió. La informalidad estructural equivale a aportantes que el sistema no tiene. El Gobierno busca "duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes" con la reforma laboral, un objetivo correcto que se usa como excusa para posponer la previsional en lugar de encararla en paralelo.

A eso se suma la economía de plataformas y, sobre todo, la inteligencia artificial, que ya erosiona el empleo formal y seguirá reduciendo la proporción de aportantes por beneficiario. Un sistema que depende del aporte sobre el salario humano necesita discutir, como mínimo, mecanismos alternativos de financiamiento frente a la sustitución tecnológica del empleo. Hoy esa discusión ni figura en la agenda pública.

Todo conduce a la falla de diseño más grave de la estrategia oficial: tratar la reforma previsional, la laboral y la tributaria como expedientes separados que se despachan uno por uno. Son, en rigor, vasos comunicantes. La reforma laboral busca formalizar trabajo, pero esa formalización depende de las cargas que defina la tributaria; y si la previsional espera a que las otras dos estén resueltas, el sistema que debe financiar a esos nuevos aportantes seguirá operando con reglas ya insostenibles.