Retenciones protagonistas: nueve de cada diez cambios tributarios en 2025 bajaron impuestos
Un informe de la Universidad Austral contabilizó 55 modificaciones fiscales el año pasado, con mayor énfasis en derechos de exportación que desde la crisis de 2008.

Durante 2025, el Gobierno implementó 55 modificaciones tributarias, de las cuales el 91% tuvo como objetivo reducir la carga fiscal en la Argentina. Según un análisis del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral, este porcentaje representa el más alto de toda la serie histórica analizada en los últimos 24 años. Las retenciones sobre exportaciones ocuparon un lugar central en esta política impositiva, protagonismo que no registraban desde el conflicto del campo de 2008.
Los derechos de exportación recibieron 12 modificaciones durante el año pasado, nueve de las cuales estuvieron destinadas a reducirlas o eliminarlas para sectores específicos. El Gobierno implementó bajas temporales para la industria agroexportadora y eliminaciones para economías regionales, productos industriales, minería, aluminio, acero y ciertos aceites y lubricantes. Diego Rivas, investigador del CET, explicó que "la reducción de derechos de exportación pasó a ocupar un lugar central en la política tributaria de 2025 y explica buena parte de la baja de la presión tributaria observada durante el año".
Según especialistas, dos factores explican el énfasis en las retenciones. En primera instancia, el tipo de cambio real estaba muy apreciado, especialmente en la primera mitad del año, contexto en el cual el sector agrario enfrentaba problemas de rentabilidad. En la segunda mitad, en plena incertidumbre electoral tras el triunfo opositor en Buenos Aires, el Gobierno apeló a bajas transitorias de retenciones para acelerar la liquidación de divisas. En septiembre, anunció una baja al 0% que duró solo tres días, con un tope de US$7.000 millones o una ventana de ocho días.
El conjunto de modificaciones tributarias generó que la presión tributaria bajara un punto porcentual y cerrara 2025 en 21,6% del producto bruto interno (PBI), según el estudio de la Universidad Austral. Sin embargo, expertos advierten que la cifra no refleja necesariamente el alivio que sienten contribuyentes y empresas. César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que "muchas empresas siguen soportando una carga muy elevada por impuestos distorsivos, percepciones, retenciones bancarias, saldos a favor inmovilizados y tributos provinciales y municipales que continúan creciendo".
La carga fiscal en Argentina impacta de manera heterogénea según el tipo de contribuyente. Empleados en relación de dependencia enfrentan el impuesto a las Ganancias, mientras que empresas soportan una alícuota del 35% sobre rentas imponibles y accionistas pagan un 7% sobre dividendos. Consumidores finales cargan con IVA, impuestos internos, retenciones bancarias e impuesto provincial Ingresos Brutos, que en muchos casos representan el 50% del precio de bienes y servicios.
Marcelo Rodríguez, contador público y CEO de MR Consultores, expresó que "estas tasas de imposición se deberían revisar a fin de fomentar la inversión en actividades productivas, con el objetivo de reactivar la economía". En términos comparativos internacionales, la Argentina mantiene una presión tributaria elevada para el nivel de servicios públicos que ofrece. Países nórdicos, aunque con cargas fiscales superiores, brindan educación, salud, seguridad e infraestructura de primer nivel.
Solo el 9% de las modificaciones tributarias del año pasado no estuvieron orientadas a reducir impuestos. De estas cinco medidas, dos tuvieron impacto mixto y tres se relacionaron con actualización de bases de cálculo en Ganancias, restricciones para derechos de exportación e incremento de aportes de seguridad social en fútbol. La Libertad Avanza mantiene como bandera la reducción impositiva. En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el escenario más probable para finales de su segundo mandato incluye eliminar todas las retenciones, el impuesto a débitos y créditos, y reducir cargas provinciales y municipales, siempre que no se comprometa el superávit fiscal.
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