Reforma electoral: el debate por las PASO y las listas colectoras que impulsa el Gobierno
La suspensión de las primarias para 2027 y la incorporación de listas colectoras abren una discusión sobre la credibilidad de las reglas de la competencia democrática.

El Gobierno y varios de sus socios políticos impulsan suspender las PASO para 2027 e incorporar listas colectoras al sistema electoral, una iniciativa que excede la conveniencia de eliminar una instancia de votación y pone en juego la credibilidad de las reglas que ordenan la competencia democrática en Argentina.
La suspensión de las primarias encuentra argumentos atendibles: su elevado costo para las arcas públicas, la resistencia de buena parte de los partidos a usarlas para dirimir verdaderas competencias internas y el riesgo de que un resultado adverso para el oficialismo provoque una crisis de gobernabilidad prematura. Reconocer las deficiencias de un instrumento, sin embargo, no habilita a convertir su reforma en una operación de conveniencia política, y menos pensarla para comicios que están a la vuelta de la esquina.
A la urgencia por obtener la suspensión —ya postergada por ley en 2025— se suma el agravante de pretender incluir en la reforma electoral las listas colectoras. Ese mecanismo permitiría que una misma candidatura presidencial reciba el respaldo de distintas nóminas legislativas, pertenecientes a partidos diferentes, sin necesidad de constituir una alianza formal. En otras palabras, se busca sumar votos y apoyos territoriales sin asumir los compromisos políticos que supone una coalición o un frente electoral.
La fórmula puede resultar atractiva para el actual oficialismo y para los gobernadores que pretenden conservar sus propias estructuras partidarias sin renunciar a acompañar una candidatura nacional. Sin embargo, introduce una complejidad innecesaria en la interpretación del sufragio: el elector podría votar por una lista legislativa y, por efecto de la adhesión, contribuir también a fortalecer una candidatura presidencial que no necesariamente identifica como propia.
El mecanismo remite peligrosamente a la ley de lemas, diseñada para acumular los votos de distintas listas bajo una misma agrupación. Aquel sistema fue cuestionado porque podía consagrar ganador a un candidato que individualmente no había sido el más votado, gracias a la sumatoria de sufragios obtenidos por otros postulantes. Aunque las colectoras propuestas ahora tienen un funcionamiento diferente y mantienen separados los cómputos de las listas legislativas, comparten con aquel antecedente una lógica de acumulación que puede desdibujar la voluntad expresada en las urnas.
Las dificultades no son solamente políticas. La aplicación del sistema para la elección de senadores abre interrogantes constitucionales de particular gravedad. Podría darse el caso de que una misma candidatura presidencial impulse dos listas legislativas distintas y que ambas obtengan representación. Si se computaran como fuerzas separadas pero vinculadas por una misma adhesión presidencial, podría terminar alterándose el sentido de la distribución de bancas que establece la Constitución para la Cámara alta: dos senadores para la mayoría y uno para la minoría en cada renovación. No es un detalle técnico, ya que afecta directamente la representación federal y el equilibrio institucional.
Resulta revelador, además, que la iniciativa haya ido cambiando durante las negociaciones políticas recientes. De la eliminación definitiva de las primarias se pasó a una suspensión excepcional, mientras que las colectoras aparecieron como una condición para conseguir el acompañamiento de determinados aliados. El Gobierno reconoce que todavía no tiene los votos suficientes para tratar el tema en el recinto y que necesita seguir negociando con gobernadores y bloques legislativos, un escenario que sigue de cerca la Justicia Electoral. Es legítimo buscar acuerdos para sancionar leyes, pero no pensando en una elección tan cercana: las normas electorales deben ser ideadas para regir por años, independientemente de las necesidades perentorias de quienes pretendan postularse.
Más preocupantes aún son los trascendidos sobre eventuales entendimientos con gobernadores que podrían obtener, a cambio de su respaldo, la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia con magistrados que eventualmente acompañen interpretaciones favorables a sus aspiraciones de reelección, allí donde las constituciones provinciales ya no se las permiten. Por el momento se trata de versiones, pero su sola circulación revela el grado de sospecha que puede rodear una negociación cuando se entrecruzan las reglas electorales, los intereses de ciertos dirigentes y la integración del máximo tribunal.
La reforma electoral no debería ser el resultado de una negociación de urgencia. La proximidad de los comicios convierte cualquier cambio de esta naturaleza en una intervención sobre una cancha en la que los jugadores ya conocen las reglas y han comenzado a prepararse para competir.
Hay, además, una cuestión de principios que parece quedar relegada por la ansiedad de la coyuntura. Las normas electorales no pertenecen al gobierno de turno ni a la oposición, y tampoco pueden diseñarse para resolver las dificultades internas de una fuerza política, impedir la competencia de un adversario o facilitar la construcción de una candidatura presidencial. Son reglas comunes, cuya legitimidad depende precisamente de que nadie pueda apropiárselas.
La experiencia demuestra que ninguna modificación electoral es inocua. Una disposición concebida hoy para favorecer a un sector puede convertirse mañana en un instrumento formidable en manos de sus adversarios. Quienes hoy imaginan beneficiarse con las colectoras deberían preguntarse qué ocurriría si en el futuro fueran sus competidores quienes las utilizaran para acumular poder territorial y parlamentario. Por eso, aun cuando existan argumentos sólidos para revisar el sistema de primarias, una reforma de fondo requiere un debate amplio, transparente y capaz de reunir el mayor consenso político posible, y sus disposiciones deberían comenzar a regir después de transcurrido al menos un proceso electoral completo.
Cada maniobra que alimenta la sospecha de que las elecciones se organizan en función de los intereses de sus protagonistas erosiona la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el propio sistema político. Modificar las reglas para ganar una elección puede ofrecer una ventaja circunstancial. El costo, en cambio, lo pagan la calidad de las instituciones y la confianza pública, y suele ser mucho más duradero que cualquier triunfo en las urnas.
Por qué importa
Cambiar las reglas electorales a poco de los comicios puede dar una ventaja circunstancial al oficialismo, pero el costo recae en la confianza pública y en la calidad institucional, que se erosionan por mucho más tiempo que cualquier triunfo en las urnas.
Qué sigue
El Gobierno reconoce que aún no tiene los votos para tratar la reforma en el recinto y deberá seguir negociando con gobernadores y bloques legislativos. La clave será si logra los apoyos antes de que arranque el calendario electoral.
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