Texas: la Justicia ratifica el fin de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó una apelación que buscaba restablecer la Ley del Sueño de Texas, una norma que desde 2001 permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar la matrícula estatal en universidades públicas. La decisión judicial, confirmada este jueves, deja firme la anulación de la ley dictada en junio de 2025 y elimina el acceso a beneficios académicos para miles de alumnos sin estatus legal.

El fallo responde a una denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que calificó la ley estatal como ilegal. El gobierno de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott, decidió no defender la norma durante el proceso y coincidió con los argumentos federales. Organizaciones civiles y estudiantes intentaron intervenir legalmente para preservar los beneficios, pero el tribunal rechazó su moción.

La eliminación de la Ley del Sueño implica que los estudiantes indocumentados que cumplían los requisitos de la norma ya no podrán acceder a la matrícula estatal, sino que deberán pagar las tarifas correspondientes a estudiantes de fuera del estado, que son significativamente más elevadas. Según un informe del Higher Ed Immigration Portal de 2025, se estima que aproximadamente 73.000 estudiantes indocumentados cursan estudios superiores en Texas.

El gobernador Greg Abbott celebró la decisión en su cuenta de X: “Texas y el Departamento de Justicia de Trump acaban de conseguir otra importante victoria para el Estado de derecho. El Quinto Circuito confirmó el fin de la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados en Texas”, escribió.

Organizaciones de derechos civiles advirtieron que la medida afectará la economía local y la futura fuerza laboral. Tania Chávez Camacho, presidenta de la organización LUPE, expresó su rechazo: “Estamos profundamente decepcionados con el fallo de hoy, pero esto no nos disuadirá de seguir abogando por el acceso equitativo a la educación superior para todos los texanos”.

Las entidades defensoras de los migrantes exploran ahora nuevas rutas para impugnar la decisión ante instancias superiores. El siguiente paso es elevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el máximo tribunal acepta revisar el caso, podría revertir el fallo actual. Mientras tanto, las universidades públicas deberán ajustar sus cobros conforme a la decisión judicial.